LD (EFE) El Partido Popular ha ratificado ante el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid las denuncias presentadas contra altos cargos de la CNMV y la Oficina Económica. Por su parte, el colectivo Manos Limpias ha afirmado que los funcionarios se han quejado de las presiones políticas de esta oficina del Gobierno.
Así lo han indicado fuentes jurídicas, tras afirmar que el titular de este juzgado, Tomás Martín Gil, deberá investigar varios supuestos delitos ligados a las decisiones de la CNMV y la Oficina Económica del Ejecutivo sobre las OPAS lanzadas por E.On, Enel y Acciona contra Endesa.
Según las denuncias de Manos Limpias y el PP, hoy ratificadas, en estas decisiones presuntamente intervinieron el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas; el director de la oficina económica de Moncloa, David Taguas, así como otros cargos de la CNMV como Soledad Nuñez y antiguos responsables políticos como Miguel Sebastián.
Mientras el abogado del Partido Popular se limitó a insistir en los términos de sus denuncias presentadas en mayo, el representante del colectivo de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernad, prestó declaración como "testigo" ante la juez, el fiscal y el abogado del Estado durante más de una hora y cuarto.
En esta comparecencia, Bernad contestó al fiscal -siempre según fuentes jurídicas- que, de la Oficina Económica del Gobierno, compuesta por 40 funcionarios, les han llegado "informaciones escritas y testimonios" que podrían verificar que "se actuaba por consideraciones políticas" en el caso de la OPA sobre Endesa.
Las denuncias presentadas en los juzgados entienden que, por diferentes motivos, "la intervención" de Carlos Arenillas y Taguas, además de la del antiguo director de la oficina económica, Miguel Sebastián, pararon un expediente sancionador de la CNMV contra Enel y Acciona, tal y como denunció el ex presidente de la CNMV Manuel Conthe en el Parlamento.
Además, Miguel Bernad aseguró que existe un informe jurídico del secretario del Consejo de la CNMV, Javier Rodríguez Pellitero, "que decía que había que sancionar las conductas que no eran conforme a derecho", por eso -añadió- la denuncia se dirige "contra todos los que votaron en contra de sancionar" a Enel y Acciona.
También el PP, en su denuncia, incluye otras declaraciones de Conthe ante el Congreso de los Diputados el pasado 2 de abril, antes de presentar su dimisión, en las que hablaba de "un tema que afectó a la CNMV" y que se hizo "a sus espaldas". Dichas declaraciones se refieren a unos documentos presuntamente filtrados por Arenillas a los medios de comunicación sobre las operaciones del presidente del BBVA, Francisco González, relacionadas con la venta de la sociedad FG-Valores en 1996.
Tanto para el PP como para Manos Limpias estas noticias aparecidas en los medios de comunicación deben ser consideradas como "notitia criminis", por lo que consideran que el juez Tomás Martín Gil debería investigar de oficio estos hechos sospechosos de ser delito, porque se pudo "presionar políticamente" al Consejo de la CNMV.
El Partido Popular, que ha depositado una fianza de 1.500 euros para poder presentarse como acusación popular, pretende que comparezcan como testigos Manuel Conthe, Rodríguez Pellitero y otros miembros de la CNMV como el presidente Julio Segura y el director general de Mercados Angel Benito Benito.
También pretende que acudan como testigos el antiguo director de Entidades del organismo regulador, Antonio Carrascosa, el empresario Ranvinder Mehra y Jaime Arenillas Llorente, hermano del vicepresidente de la CNMV.
Finalmente, tras cinco meses de inhibiciones y cuestiones de competencia entre diferentes juzgados, será el titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid quien decidirá si se deriva delito de "las actuaciones llevadas a cabo por los denunciados, todos ellos en ejercicio de sus funciones públicas, para evitar a toda costa la adquisición de Endesa por parte de E.On.
Así lo han indicado fuentes jurídicas, tras afirmar que el titular de este juzgado, Tomás Martín Gil, deberá investigar varios supuestos delitos ligados a las decisiones de la CNMV y la Oficina Económica del Ejecutivo sobre las OPAS lanzadas por E.On, Enel y Acciona contra Endesa.
Según las denuncias de Manos Limpias y el PP, hoy ratificadas, en estas decisiones presuntamente intervinieron el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas; el director de la oficina económica de Moncloa, David Taguas, así como otros cargos de la CNMV como Soledad Nuñez y antiguos responsables políticos como Miguel Sebastián.
Mientras el abogado del Partido Popular se limitó a insistir en los términos de sus denuncias presentadas en mayo, el representante del colectivo de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernad, prestó declaración como "testigo" ante la juez, el fiscal y el abogado del Estado durante más de una hora y cuarto.
En esta comparecencia, Bernad contestó al fiscal -siempre según fuentes jurídicas- que, de la Oficina Económica del Gobierno, compuesta por 40 funcionarios, les han llegado "informaciones escritas y testimonios" que podrían verificar que "se actuaba por consideraciones políticas" en el caso de la OPA sobre Endesa.
Las denuncias presentadas en los juzgados entienden que, por diferentes motivos, "la intervención" de Carlos Arenillas y Taguas, además de la del antiguo director de la oficina económica, Miguel Sebastián, pararon un expediente sancionador de la CNMV contra Enel y Acciona, tal y como denunció el ex presidente de la CNMV Manuel Conthe en el Parlamento.
Además, Miguel Bernad aseguró que existe un informe jurídico del secretario del Consejo de la CNMV, Javier Rodríguez Pellitero, "que decía que había que sancionar las conductas que no eran conforme a derecho", por eso -añadió- la denuncia se dirige "contra todos los que votaron en contra de sancionar" a Enel y Acciona.
También el PP, en su denuncia, incluye otras declaraciones de Conthe ante el Congreso de los Diputados el pasado 2 de abril, antes de presentar su dimisión, en las que hablaba de "un tema que afectó a la CNMV" y que se hizo "a sus espaldas". Dichas declaraciones se refieren a unos documentos presuntamente filtrados por Arenillas a los medios de comunicación sobre las operaciones del presidente del BBVA, Francisco González, relacionadas con la venta de la sociedad FG-Valores en 1996.
Tanto para el PP como para Manos Limpias estas noticias aparecidas en los medios de comunicación deben ser consideradas como "notitia criminis", por lo que consideran que el juez Tomás Martín Gil debería investigar de oficio estos hechos sospechosos de ser delito, porque se pudo "presionar políticamente" al Consejo de la CNMV.
El Partido Popular, que ha depositado una fianza de 1.500 euros para poder presentarse como acusación popular, pretende que comparezcan como testigos Manuel Conthe, Rodríguez Pellitero y otros miembros de la CNMV como el presidente Julio Segura y el director general de Mercados Angel Benito Benito.
También pretende que acudan como testigos el antiguo director de Entidades del organismo regulador, Antonio Carrascosa, el empresario Ranvinder Mehra y Jaime Arenillas Llorente, hermano del vicepresidente de la CNMV.
Finalmente, tras cinco meses de inhibiciones y cuestiones de competencia entre diferentes juzgados, será el titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid quien decidirá si se deriva delito de "las actuaciones llevadas a cabo por los denunciados, todos ellos en ejercicio de sus funciones públicas, para evitar a toda costa la adquisición de Endesa por parte de E.On.