Así lo ha anunció este martes en una rueda de prensa la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que otra de las razones para presentar este recurso de inconstitucionalidad es porque algunas disposiciones exceden el contenido ordinario sobre los asuntos susceptibles de ser llevados a una ley de presupuestos, como el régimen de comercialización de las loterías del Estado.
En este sentido, recordó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están "constitucionalmente limitados" a la previsión de ingresos y a la consignación de gastos, así como a aquellas medidas complementarias necesarias para llevarlas a cabo, pero acotadas en todo caso a la duración de un año.
En su opinión, los PGE deberían prescindir de medidas que no van asociadas a esa previsión de ingresos y de gastos. Por ello, los Presupuestos no pueden establecer una modificación en el régimen de funcionamiento y comercialización de las loterías que no es temporal, sino que es para siempre, agregó.
Desde su punto de vista, si el Gobierno desea modificar ese régimen de las loterías, tiene que hacerlo a través de una ley ordinaria y los trámites ordinarios, y "no aprovechar las facilidades constitucionales" que se dan para aprobar los PGE. Además, recalcó que la ley -aprobada en diciembre en las Cortes Generales- no contiene la totalidad de las partidas de gasto que son de aplicación en esta anualidad, de forma que no se respetan los principios de universalidad e integridad de todos los gastos.
En concreto, especificó que no se recoge en los PGE previsión alguna para aprovisionar el fondo de economía sostenible y el fondo de regulación y ordenación bancaria (FROB). Respecto al caso del pago de la deuda histórica andaluza, argumentó que la forma fijada por el Gobierno para satisfacerla -mediante solares- es inconstitucional y vulnera el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Sáenz de Santamaría consideró que "el pago en especies" viola tanto el artículo 158 de la Constitución como el texto estatutario andaluz, especialmente la disposición adicional segunda.
Abundó al denunciar que "no sólo es inconstitucional, y lo es", sino que "además es un fraude para los andaluces", a lo que ha sumado el hecho de que la tasación de los solares "excede y con mucho" el precio que "puede considerarse admisible". "Un completo fraude a la Constitución, al Estatuto, a la ley, pero, sobre todo, a los sentimientos, a la dignidad y a los derechos de los andaluces", concluyó.