A su juicio, esta medida evidencia también la "independencia, la transparencia y la unanimidad" del organismo regulador de la energía nuclear. Además ha señalado que la propuesta de expediente demuestra que "ha habido negligencia y ocultación de información, que es lo más grave del suceso".
Además, dijo que el Grupo Socialista será "exigente en materia de seguridad" mientras haya que seguir conviviendo con la energía nuclear. En todo caso, Vallès afirmó que la sanción "no es todo" ya que hay que volver a recuperar "la cultura de seguridad" y "la relación de confianza" entre las empresas que gestionan las centrales nucleares y el organismo regulador.
Por otra parte, calificó como "un hecho importante" la propuesta de aumentar hasta tres el número de inspectores residentes en la central, lo que "implica que no se fían de lo que ha ocurrido dentro -de Ascó- y que la confianza está maltrecha".
Finalmente, estimó que esta decisión, adoptada por unanimidad de los cinco consejeros del CSN, refuerza la independencia del organismo regulador y pone de manifiesto la "transparencia de su funcionamiento", lo que le fortalece como "un buen organismo".
Los ecologistas creen que es insuficiente
Por su parte, representantes de organizaciones ecologistas han calificado de insuficiente la propuesta de expediente sancionador acordada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la central nuclear de Ascó I, en Tarragona (hasta 22,5 millones de euros), y consideran que debería alcanzar los 300 millones de euros. En este sentido, advierten de que la decisión "minimiza el impacto del accidente" (fuga de partículas radiactivas en el interior y exterior del emplazamiento).
El portavoz de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Paco Castejo, ha señalado a Europa Press que la sanción, que podría oscilar entre los 9 y los 22,5 millones de euros, supone "un mal comienzo", pues aunque "ninguna de las sanciones contempladas por la ley es satisfactoria", esperaban "mayor firmeza e independencia" por parte del organismo regulador de energía. "Tendría que haber llegado a la sanción máxima de 300 millones de euros", recalcó.
Por su parte, Greenpeace ha manifestado su opinión "absolutamente negativa" sobre la propuesta de sanciones. Así, la responsable de cambio climático y energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha dicho que las seis sanciones que propone el Consejo son "demasiado flojas y pequeñas", y añadió que lo son en comparación "con el beneficio económico que el titular ha ganado en los últimos meses" tras su decisión de "salir adelante".