LD (EFE) Pese a la aprobación de esta ayuda, la mayoría de los portavoces parlamentarios calificaron la medida de electoralista, criticaron el trámite de esta norma, que ha impedido que los grupos del Senado presenten enmiendas al texto, y demandaron otras medidas sociales de apoyo a la familia.
Unas horas antes, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, avanzaba en una rueda de prensa -rodeado de varias familias beneficiarias de la prestación- que los 120.000 padres que ya han solicitado esta ayuda comenzarán a cobrarla antes de finales de noviembre. También ha destacado que tendrán derecho a esta prestación todas las madres que hayan tenido o adoptado un hijo después del 1 de julio de este año y que en caso de fallecimiento, el padre será el beneficiario.
El único requisito exigido para solicitar la ayuda, subrayó, es ser español o haber residido en España de forma continuada durante al menos dos años antes del nacimiento del hijo o la adopción. En ese sentido, especificó que entre el 15 y el 20 por ciento de los 40.000 niños que nacen en España cada mes son hijos de inmigrantes o de parejas mixtas, aunque no precisó cuántos han solicitado ya esta ayuda.
La prestación será de 3.500 euros en los casos de familia numerosa, monoparental o cuando la madre o el hijo tengan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, precisó Caldera. Durante el debate de la iniciativa en la Cámara Alta, la senadora socialista Encarnación Ibáñez explicó que hasta ahora muchas familias quedaban excluidas de las prestaciones contributivas y de los beneficios fiscales, al tiempo que no cumplían los requisitos necesarios para cobrar ayudas no contributivas.
Por eso, subrayó, la medida "era necesaria y debía fijarse como un derecho universal y subjetivo", porque eso permitirá que las mujeres sigan incorporándose al mercado de trabajo y participar en el crecimiento económico del país sin renunciar a su desarrollo personal y familiar. Además, esta ayuda sitúa a España a la cabeza de las ayudas directas a las familias de toda Europa, aseguró.
La senadora popular Andrea Fabra dijo que su grupo apoyaría la iniciativa "si fuera algo parecido a una ayuda para las familias y si realmente formase parte de una política integral de apoyo". Sin embargo, criticó, la medida es sólo "un golpe efectista" y un "aguinaldo parcial", "fruto de la improvisación y de las prisas de un Gobierno que ha gobernado de espaldas a las personas y que se ha perdido en debates estériles que sólo han servido para ahondar en las diferencias entre los territorios y los ciudadanos".
En opinión de la senadora popular, lo que necesitan las familias españolas es más escuelas de educación infantil de cero a tres años, mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo para hacerlo compatible con el cuidado de hijos y los familiares dependientes y más ayudas para las familias numerosas. En la misma línea, el senador de CiU Ramón Companys dijo que esta medida es una "acción puntual" con un "trasfondo de improvisación y clientelismo" que hace que España se asemeje más "a la Venezuela de Chavez que a la socialdemocracia de Suecia".
Desde el PNV, el senador Francisco Javier Maqueda calificó la medida de electoralista pero dijo que su grupo votaría a favor porque "al fin y al cabo tendrá 623.000 beneficiarios". No obstante, tras denunciar que la ayuda invade competencias del País Vasco, demandó medidas complementarias como una jornada laboral más flexible, que la discriminación laboral se tipifique como delito y que el permiso de paternidad se aumente a seis semanas.
Unas horas antes, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, avanzaba en una rueda de prensa -rodeado de varias familias beneficiarias de la prestación- que los 120.000 padres que ya han solicitado esta ayuda comenzarán a cobrarla antes de finales de noviembre. También ha destacado que tendrán derecho a esta prestación todas las madres que hayan tenido o adoptado un hijo después del 1 de julio de este año y que en caso de fallecimiento, el padre será el beneficiario.
El único requisito exigido para solicitar la ayuda, subrayó, es ser español o haber residido en España de forma continuada durante al menos dos años antes del nacimiento del hijo o la adopción. En ese sentido, especificó que entre el 15 y el 20 por ciento de los 40.000 niños que nacen en España cada mes son hijos de inmigrantes o de parejas mixtas, aunque no precisó cuántos han solicitado ya esta ayuda.
La prestación será de 3.500 euros en los casos de familia numerosa, monoparental o cuando la madre o el hijo tengan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, precisó Caldera. Durante el debate de la iniciativa en la Cámara Alta, la senadora socialista Encarnación Ibáñez explicó que hasta ahora muchas familias quedaban excluidas de las prestaciones contributivas y de los beneficios fiscales, al tiempo que no cumplían los requisitos necesarios para cobrar ayudas no contributivas.
Por eso, subrayó, la medida "era necesaria y debía fijarse como un derecho universal y subjetivo", porque eso permitirá que las mujeres sigan incorporándose al mercado de trabajo y participar en el crecimiento económico del país sin renunciar a su desarrollo personal y familiar. Además, esta ayuda sitúa a España a la cabeza de las ayudas directas a las familias de toda Europa, aseguró.
La senadora popular Andrea Fabra dijo que su grupo apoyaría la iniciativa "si fuera algo parecido a una ayuda para las familias y si realmente formase parte de una política integral de apoyo". Sin embargo, criticó, la medida es sólo "un golpe efectista" y un "aguinaldo parcial", "fruto de la improvisación y de las prisas de un Gobierno que ha gobernado de espaldas a las personas y que se ha perdido en debates estériles que sólo han servido para ahondar en las diferencias entre los territorios y los ciudadanos".
En opinión de la senadora popular, lo que necesitan las familias españolas es más escuelas de educación infantil de cero a tres años, mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo para hacerlo compatible con el cuidado de hijos y los familiares dependientes y más ayudas para las familias numerosas. En la misma línea, el senador de CiU Ramón Companys dijo que esta medida es una "acción puntual" con un "trasfondo de improvisación y clientelismo" que hace que España se asemeje más "a la Venezuela de Chavez que a la socialdemocracia de Suecia".
Desde el PNV, el senador Francisco Javier Maqueda calificó la medida de electoralista pero dijo que su grupo votaría a favor porque "al fin y al cabo tendrá 623.000 beneficiarios". No obstante, tras denunciar que la ayuda invade competencias del País Vasco, demandó medidas complementarias como una jornada laboral más flexible, que la discriminación laboral se tipifique como delito y que el permiso de paternidad se aumente a seis semanas.