L D (Agencias) El Senado también aprobó, con los mismos votos –121 a favor y 114 en contra– la Ley Complementaria, orgánica y que afecta a las comunidades autónomas. Esta reforma de las leyes vigentes, aprobadas durante el Gobierno del PP en 2001, supondrá que se permita un déficit del uno por ciento del PIB en las Administraciones Públicas cuando la economía crezca menos del dos por ciento y, en determinadas condiciones, un déficit adicional del 0,5 por ciento para financiar inversiones productivas.
Respecto a la Ley General, la portavoz del PSOE Yolanda Vicente, defendió que la reforma garantiza que el Estado, mediante una "adecuada" política fiscal, "cubra las necesidades básicas y mejore la productividad y la competitividad de la economía". Además, señaló que la estabilidad presupuestaria "debe ser real y no puramente nominal", porque "no vale una ley que proclame déficit cero y que luego no logre resultados".
No obstante, el portavoz del PP Damián Caneda, afirmó que dicha modificación "mutila" la anterior ley, "aumenta el intervencionismo del Estado y no es buena para la transparencia ya que da lugar a arbitrariedades". Además, consideró que la posibilidad de tener un déficit "supone ya de por sí no cumplir el principio de estabilidad" y que el hecho de separar la Seguridad Social de los presupuestos del Estado, "no es una aportación nueva" ya que antes, aunque no se separara, "ya se sabía lo que había".
A pesar de su apoyo a la reforma, el portavoz de CiU Carles Gasóliba, aclaró que la posición del actual Gobierno "resulta preocupante" al intentar "centralizar al máximo" sus decisiones y "obviar" la autonomía financiera de las comunidades autónomas, además de considerar que "queda pendiente la adaptación de la ley a la metodología de la UE".
En cuanto a la Ley Complementaria, se rechazó el veto presentado por parte del grupo popular y se aprobaron dos enmiendas transaccionales de CiU, que hacen referencia principalmente a la autonomía financiera que amplia el carácter bilateral de las negociaciones entre comunidades autónomas y Estado. El texto será ahora remitido al Congreso donde continuará su tramitación parlamentaria y, previsiblemente, su aprobación definitiva.
Respecto a la Ley General, la portavoz del PSOE Yolanda Vicente, defendió que la reforma garantiza que el Estado, mediante una "adecuada" política fiscal, "cubra las necesidades básicas y mejore la productividad y la competitividad de la economía". Además, señaló que la estabilidad presupuestaria "debe ser real y no puramente nominal", porque "no vale una ley que proclame déficit cero y que luego no logre resultados".
No obstante, el portavoz del PP Damián Caneda, afirmó que dicha modificación "mutila" la anterior ley, "aumenta el intervencionismo del Estado y no es buena para la transparencia ya que da lugar a arbitrariedades". Además, consideró que la posibilidad de tener un déficit "supone ya de por sí no cumplir el principio de estabilidad" y que el hecho de separar la Seguridad Social de los presupuestos del Estado, "no es una aportación nueva" ya que antes, aunque no se separara, "ya se sabía lo que había".
A pesar de su apoyo a la reforma, el portavoz de CiU Carles Gasóliba, aclaró que la posición del actual Gobierno "resulta preocupante" al intentar "centralizar al máximo" sus decisiones y "obviar" la autonomía financiera de las comunidades autónomas, además de considerar que "queda pendiente la adaptación de la ley a la metodología de la UE".
En cuanto a la Ley Complementaria, se rechazó el veto presentado por parte del grupo popular y se aprobaron dos enmiendas transaccionales de CiU, que hacen referencia principalmente a la autonomía financiera que amplia el carácter bilateral de las negociaciones entre comunidades autónomas y Estado. El texto será ahora remitido al Congreso donde continuará su tramitación parlamentaria y, previsiblemente, su aprobación definitiva.