LD (EFE) Elvira Rodriguez declaró que "la Comunidad cree que son actuaciones que hay que llevar a cabo para mejorar la movilidad. Vamos a seguir trabajando donde lo dejamos y, si el Ministerio vuelve a recurrir nuestras actuaciones, demostrará que no trabaja por los madrileños", aseveró.
La consejera, que lamentó haber "perdido cuatro meses" en la tramitación de estos proyectos, subrayó que en este tiempo el Ministerio "no ha hecho nada por llevarlos a cabo, si como dice era de su competencia".
Explicó que el primer paso que seguirá el Gobierno regional será el de notificar a los adjudicatarios de los contratos de consultoría que pueden proseguir con su trabajo y que, después, cuando esté el proyecto provisional, se someterá a Declaración de Impacto Ambiental. A continuación, se redactará el anteproyecto definitivo y saldrá a información pública, tras lo cual se licitará la concesión y se efectuará la adjudicación, dijo.
Por su parte, el Ministerio de Fomento emitió un comunicado en el que sostiene que el auto del Tribunal Constitucional "no entra de lleno en el fondo del recurso planteado en su día por el Gobierno, que es que la Comunidad de Madrid no debe ejecutar esas actuaciones, por ser competencia del Estado". Fomento además entiende que el Tribunal ha "avalado" su tesis de que "las obras de la M-50 y la R-1, como carreteras de la red estatal, deben garantizar la homogeneidad técnica", y subraya que las actuaciones sobre las que se levanta la suspensión son "tan sólo 'unas actuaciones preparatorias vinculadas a la realización de estudios previos' y no actos administrativos de más relevancia".
La consejera, que lamentó haber "perdido cuatro meses" en la tramitación de estos proyectos, subrayó que en este tiempo el Ministerio "no ha hecho nada por llevarlos a cabo, si como dice era de su competencia".
Explicó que el primer paso que seguirá el Gobierno regional será el de notificar a los adjudicatarios de los contratos de consultoría que pueden proseguir con su trabajo y que, después, cuando esté el proyecto provisional, se someterá a Declaración de Impacto Ambiental. A continuación, se redactará el anteproyecto definitivo y saldrá a información pública, tras lo cual se licitará la concesión y se efectuará la adjudicación, dijo.
Por su parte, el Ministerio de Fomento emitió un comunicado en el que sostiene que el auto del Tribunal Constitucional "no entra de lleno en el fondo del recurso planteado en su día por el Gobierno, que es que la Comunidad de Madrid no debe ejecutar esas actuaciones, por ser competencia del Estado". Fomento además entiende que el Tribunal ha "avalado" su tesis de que "las obras de la M-50 y la R-1, como carreteras de la red estatal, deben garantizar la homogeneidad técnica", y subraya que las actuaciones sobre las que se levanta la suspensión son "tan sólo 'unas actuaciones preparatorias vinculadas a la realización de estudios previos' y no actos administrativos de más relevancia".