LD (EFE) Esos cálculos sitúan a España en el puesto número 30 del índice de competitividad de las 55 economías estudiadas por el IMD y entre las que ocupa el puesto 22 si se ordenan por renta per cápita, en el 37 por crecimiento económico, el 31 por inflación, el 41 por desempleo, el 18 por mano de obra y el 46 por su balanza de pagos.
El estudio divide la competitividad en cuatro grandes áreas: la actividad económica (en la que España ha avanzado 5 puestos, hasta ocupar el 27), la eficiencia gubernamental (donde con la misma subida se sitúa en el 29), la empresarial (en que hay una subida de tres puestos, hasta el 33) y la disponibilidad de infraestructuras (la única en la que cae del 26 al 29).
Para los autores del informe, las causas de esa mejora relativa de la competitividad española de un año para otro radican en el incremento de las inversiones extranjeras, el ritmo de crecimiento, la coherencia política del Gobierno y la reducción del paro. También se mencionan la previsión de que la gestión de las finanzas públicas mejorará en los próximos dos años, la poca incidencia de subsidios en la vida económica y la progresiva dotación urbanística de las ciudades. El trabajo –que también se ha realizado a partir de encuestas– cita entre otros aspectos que han mejorado en 2006 la reducción de la amenaza de la deslocalización de negocios de servicios, la mayor apertura cultural hacia el exterior y los mayores incentivos para buscar empleo.
Aunque el índice de competitividad de España haya aumentado en general por segundo año consecutivo, si se observan sólo las economías de más de 20 millones de habitantes, se mantiene en el lugar 13 desde hace tres años.
El estudio divide la competitividad en cuatro grandes áreas: la actividad económica (en la que España ha avanzado 5 puestos, hasta ocupar el 27), la eficiencia gubernamental (donde con la misma subida se sitúa en el 29), la empresarial (en que hay una subida de tres puestos, hasta el 33) y la disponibilidad de infraestructuras (la única en la que cae del 26 al 29).
Para los autores del informe, las causas de esa mejora relativa de la competitividad española de un año para otro radican en el incremento de las inversiones extranjeras, el ritmo de crecimiento, la coherencia política del Gobierno y la reducción del paro. También se mencionan la previsión de que la gestión de las finanzas públicas mejorará en los próximos dos años, la poca incidencia de subsidios en la vida económica y la progresiva dotación urbanística de las ciudades. El trabajo –que también se ha realizado a partir de encuestas– cita entre otros aspectos que han mejorado en 2006 la reducción de la amenaza de la deslocalización de negocios de servicios, la mayor apertura cultural hacia el exterior y los mayores incentivos para buscar empleo.
Aunque el índice de competitividad de España haya aumentado en general por segundo año consecutivo, si se observan sólo las economías de más de 20 millones de habitantes, se mantiene en el lugar 13 desde hace tres años.
Varios aspectos que necesitan mejorarse
Por lo que se refiere a los aspectos que, según los datos del informe, han empeorado entre 2005 y 2006, destacan los precios de la electricidad para las empresas, las inversiones directas internas, el apoyo de la regulación para que hacer negocios en España y para crear empresas sea más fácil, la carga impositiva sobre las personas físicas y la balanza por cuenta corriente sobre el PIB. Tampoco ha mejorado en el último año, según las encuestas del IMD, la capacidad de los políticos para asumir los retos económicos, los tipos de cambio, la seguridad y protección de la propiedad privada, la administración de la justicia y la cooperación tecnológica entre empresas, al tiempo que la percepción de casos de corrupción ha aumentado.
De los 20 parámetros en que el instituto suizo basa su estudio para calcular la competitividad de las economías en 2006, el que mejor resultado muestra en el caso de España son las inversiones internacionales, que sitúan al país en el puesto 13, mientras que el sistema financiero español es el 17 más competitivo. Desde el punto de vista del empleo, las finanzas públicas, la estructura institucional y la conservación de la salud y el medioambiente, España se sitúa en el puesto 25 de las economías estudiadas, mientras que las infraestructuras básicas y el tejido empresarial españoles ocupan el lugar 26 de la lista.
Por contra, los aspectos en los que más cojea la competitividad española son el comercio internacional (en el puesto 44 de 55), el mercado laboral (43), la legislación empresarial (40) y las prácticas de gestión (40). En su informe, la escuela de negocios helvética apunta que los grandes retos de España para 2007 radican en mejorar su capacidad tecnológica y su sistema educativo, así como garantizar la eficiencia del mercado energético nacional y europeo. Además, considera necesario que se acometa una "profunda" reforma del mercado laboral y que se reduzcan los impuestos que gravan la actividad de las empresas.
De los 20 parámetros en que el instituto suizo basa su estudio para calcular la competitividad de las economías en 2006, el que mejor resultado muestra en el caso de España son las inversiones internacionales, que sitúan al país en el puesto 13, mientras que el sistema financiero español es el 17 más competitivo. Desde el punto de vista del empleo, las finanzas públicas, la estructura institucional y la conservación de la salud y el medioambiente, España se sitúa en el puesto 25 de las economías estudiadas, mientras que las infraestructuras básicas y el tejido empresarial españoles ocupan el lugar 26 de la lista.
Por contra, los aspectos en los que más cojea la competitividad española son el comercio internacional (en el puesto 44 de 55), el mercado laboral (43), la legislación empresarial (40) y las prácticas de gestión (40). En su informe, la escuela de negocios helvética apunta que los grandes retos de España para 2007 radican en mejorar su capacidad tecnológica y su sistema educativo, así como garantizar la eficiencia del mercado energético nacional y europeo. Además, considera necesario que se acometa una "profunda" reforma del mercado laboral y que se reduzcan los impuestos que gravan la actividad de las empresas.