En este sentido, el Gobierno español argumenta que ha habido una "desviación de poder" por parte del Consejo de Ministros de la UE, que ha utilizado "su competencia" para un fin diferente al previsto en el citado Tratado.

España alega también que la OCM impugnada vulnera "los principios generales del Derecho Comunitario de proporcionalidad" ya que los instrumentos de reforma de las ayudas al algodón "van manifiestamente en contra" de los propios fines del Consejo.

La reforma que ha motivado este recurso establece que un 65 por ciento de los apoyos que se dan al cultivo del algodón se "desvinculen" de la cosecha, es decir, que se concedan independientemente de que el agricultor produzca o no. El 35 por ciento restante va a parar a un nuevo tipo de apoyo por superficie, que en el caso de España asciende a 1.039 euros por hectárea y beneficiará a 70.000 hectáreas.

España considera que existían "instrumentos menos onerosos" para alcanzar los objetivos del Consejo. La denuncia ha sido impulsada por la Junta de Andalucía, pero la ha presentado el Gobierno central, que tiene las competencias para elevar este tipo de recursos al Tribunal de la UE.

España ha presentado una demanda de medidas cautelares, para que se suspenda la reforma y pide el "mantenimiento transitorio del actual régimen de ayudas al algodón".