LD (EFE) La medida, aprobada hoy en el Consejo de Ministros, supondrá la congelación del recibo de la luz para cinco millones de hogares hasta 2012, entre ellos los que perciban una pensión mínima, las familias numerosas y los que tienen a todos sus miembros en paro.
En declaraciones a EFE, el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha criticado que la bonificación sea aprobada sin especificar el presupuesto destinado por el Ejecutivo a esta nueva medida, que convivirá con la tarifa social implantada en julio de 2008.
Para Sánchez, el problema es que el Gobierno aún no ha fijado la Tarifa de Último Recurso (TUR), que marcará el precio máximo que podrán cobrar las compañías y que entrará en vigor el 1 de julio para impulsar "la liberalización del mercado".
El "bono social" cubrirá la diferencia entre el valor de la tarifa de último recurso y una tarifa de referencia que se denominará "reducida" y se aplicará de forma automática a quienes tengan una potencia contratada inferior a 3 KW en su primera residencia.
"Como aún no se sabe cuál será el precio de la Tarifa de Último Recurso y de la reducida, no sabemos qué ahorro supondrá esta medida", ha puntualizado Sánchez.
En este sentido, Sánchez ha mostrado su temor a que se produzca una subida "no justificada" de las tarifas y ha solicitado "mayor claridad" en la medida, "pues de momento no se especifica si la congelación se producirá antes o después de la implantación de la nueva tarifa".
Por último, ha criticado que el Gobierno sólo haya escuchado a las compañías eléctricas y haya rechazado la participación de las organizaciones que representan a los consumidores.