El Ayuntamiento de Madrid, en manos del popular Alberto Ruiz-Gallardón, se ha marcado un nuevo objetivo: nacionalizar temporalmente el servicio de autobuses turísticos. ¿La excusa? La concesión de este servicio mediante contrato público a un grupo de empresas privadas finalizó el pasado noviembre. Pero, en lugar de renovar o convocar un nuevo concurso, el Consistorio madrileño pretende ahora expropiar, sin contraprestación alguna, los bienes privados de esta sociedad con el fin de prestar este servicio directamente (mediante empresa pública), al menos, "hasta que haya una nueva adjudicación".
Así lo advirtió el martes el coordinador general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Autrán, después de que representantes del área se personaran en la cochera donde están aparcados los vehículos para la "puesta a disposición" de estos bienes. La sociedad Madrid Visión -una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por el Grupo Juliá (40%), Trapsa y Trapsatur (60%)- se adjudicó en 2001 la concesión municipal para prestar el servicio de transporte turístico en la capital. A cambio, Madrid Visión paga un canon anual de 1 millón de euros al Ayuntamiento.
La sociedad cuenta con cerca de 60 trabajadores en plantilla y 28 autobuses de dos plantas descapotados, valorados en 300.000 euros cada uno. De este modo, la inversión realizada por Madrid Visión en la compra de estos vehículos asciende a unos 8,4 millones de euros. La concesión finalizó el pasado noviembre y Gallardón reclama ahora la devolución de estos autobuses. El Ayuntamiento suspendió ayer temporalmente el servicio y otorgó tres días a Madrid Visión para la entrega de los vehículos.
Y ello, bajo el argumento de que se trata de "un servicio público del que no puede apropiarse un privado", según Autrán. Si pasado ese plazo de tres días hábiles no se han entregado los autobuses "adoptarán los procedimientos legales necesarios llegando incluso a la ejecución forzosa", si fuera necesario. Es decir, el Ayuntamiento amenaza con expropiar estos bienes si no se entregan voluntariamente.
Sin embargo, la empresa señala que "no podemos devolver unos autobuses que nunca hemos recibido". Según fuentes de la UTE consultadas por Libertad Digital, los vehículos han sido adquiridos por Madrid Visión para prestar el servicio y el Ayuntamiento pretende ahora apropiarse de ellos sin contraprestación alguna (el correspondiente pago del justiprecio), lo cual resulta "incomprensible". El Consistorio "no sólo está exigiendo la reversión del servicio sino también de los activos", alegan.
La empresa invirtió 8,4 millones
Autrán, por su parte, puntualizó que la empresa no puede "escudarse" en que en el pliego de condiciones no se establecía la reversión de los bienes. "Se escudan en la ignorancia", aseguró, tras indicar que el artículo 31 de esos pliegos establecía "lo normal" en los concursos, y que la pretendida reversión se rige por "la Ley de Contratos de la Administración Pública, la Ley de Bases de Régimen Local y demás normativa vigente".
"Es en esa normativa vigente donde se establecen los parámetros de la reversión. Una concesión administrativa no es más que un contrato de gestión de un servicio público. Cuando finaliza, por las razones que sea, tiene que revertir a la Administración ese servicio público, con sus bienes públicos", explicó. La UTE reclama, al menos, el pago de 4 millones de euros para entregar los autobuses a modo de contraprestación. Ante esta demanda, Autrán respondió que "no queremos creer que esa reclamación económica se deba a los problemas financieros de uno de los socios", en referencia a Gerardo Díaz Ferrán. Sin embargo, "Ferrán está desvinculado de la UTE desde hace tiempo", según fuentes de Madrid Visión.
Nacionalización temporal
El Ayuntamiento ha suspendido el servicio "hasta que se resuelva el problema de la manera que sea, administrativa o judicialmente". Mientras, el Consistorio tiene previsto "dar continuidad al servicio por sus propios medios de manera transitoria hasta que haya una nueva adjudicación". Pero para ello reclama los autobuses de Madrid Visión, pese a que pertenecen a empresas privadas.
La nueva licitación ya se ha empezado a tramitar y se prevé que concluya en unos cinco meses. Según Autrán, habría ya cerca de una veintena de empresas interesadas en prestar este servicio, que contó con cerca de 500.000 usuarios en 2009.
El negocio de los autobuses turísticos es rentable, y parece que el Ayuntamiento no descarta hacerse cargo de esta actividad. Así, la Empresa Municipal de transporte (EMT) podría ser una de las interesadas en presentarse al nuevo concurso. Para ello, Autrán señaló que "debería cambiar sus estatutos", pero remarca que no contaría "con ningún tipo de incompatibilidad". Es decir, Gallardón no descarta encargarse de esta actividad para tratar de aumentar sus ingresos municipales en un momento en el que prima reducir deuda e incrementar recaudación dada su delicada situación financiera. De hecho, si la EMT no concurre al concurso, el Ayuntamiento pretende recaudar más dinero con la nueva licitación.
Además, la EMT admite en privado que la prestación pública de este servicio acabaría resultando deficitaria en poco tiempo, según ha podido saber LD. Por último, según la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), no se trata de un servicio esencial para la sociedad, de ahí que obligara al Ayuntamiento de Barcelona a presentar un concurso público para que sean las empresas privadas las encargadas de desarrollar este tipo de actividades.