(Libertad Digital) La Unión Europea cuenta con un Plan de Acción de Servicios Financieros (PASF), creado en 1999, que tiene el objetivo de crear un mercado común. Este plan lo forman un conjunto de regulaciones que supondrían para la economía británica un coste de más de 34.800 millones de euros. Esta es la principal conclusión del reciente estudio del think tank británico Open Europe, el primero que aborda esta cuestión. El informe observa que “muchas de las 42 medidas del PASF crearán más costes que beneficios”, y de hecho “la Comisión Europea ha prometido revisar el PASF en 2007”.
El informe ha contado en su elaboración con la colaboración de numerosos bancos y empresas financieras de todo tipo y con asociaciones tales como el Instituto de Contables, la Asociación de Banca de Inversión de Londres, la de Aseguradoras Británicas o la Corporación de Londres entre otros. Y según relata, “gran parte de la industria financiera británica apoyó inicialmente la idea de la PASF”, pero “durante las negociaciones en el seno del Consejo de la Unión Europea muchas de las medidas más importantes fueron modificadas de tal modo que menoscabaron o incluso invirtieron su propósito original”. El resultado final perjudicaba gravemente a Gran Bretaña “a pesar de que Londres es el centro financiero más grande de la Unión Europea”.
Michael Spencer, del ICAP, considera que “sería una tragedia si la sobrerregulación de la Unión Europea cae sobre Londres, justo en el momento en que la City está a punto de sobrepasar a Nueva York. Una parte demasiado importante de la legislación del PASF trata, en última instancia, de proteger a los agentes ineficientes de otras partes de Europa más que de abrir realmente los mercados” a la libre competencia. De hecho, según el economista Alan Brown citado por Open Europe, “muchos otros Estados miembros parecían estar más preocupados de protegerse de la competencia dentro de Europa que de centrarse en incrementar la competencia que estamos experimentando del resto del mundo”. El informe de Open Europe se centra en Gran Bretaña, por lo que no dice nada de los costes que dicha regulación impone al conjunto de la zona euro.