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Griñán justifica los ERE mientras otro alto cargo se suma al fondo de reptiles

La corrupción socialista en Andalucía da para mucho. Un nuevo alto cargo se suma, mientras Griñán justifica la posible financiación ilegal del partido.

Un nuevo dirigente socialista de Camas y ex concejal del PSOE en dicho ayuntamiento paree como un nuevo intruso en los ERE de la Junta. Se trata de José Antonio García Prieto, secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, cuyo secretario general sigue siendo el ex delegado de Empleo en Sevilla e imputado por el caso Mercasevilla, Antonio Rivas.

Con él, adscrito a una póliza en la antigua empresa textil Intersur –en la que nunca trabajó-, según fuentes del diario, son ya seis los cargos socialistas incluidos en los ERE. Prieto se añade así a Antonio Garrido Santoyo (dirigente socialista en Baeza); César Braña (ex diputado y ex gobernador civil en Cádiz y Burgos, ya fallecido); Rafael Rosendo Villavieja (ex alcalde de El Pedroso; Juan Rodríguez Cordobés (ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales) y Alejandro Millán.

Griñán se defiende

Quizá para justificar de alguna manera el escándalo, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, defendió el sistema de subvenciones a las empresas en crisis provedentes del fondo de reptiles diciendo que "naturalmente que ha habido problemas en algunso casos. Siempre los hay en la gestión de un Gobierno, pero quiero deciros, lo primero, que las ayudas al empleo de la Junta de Andalucía han salvado muchos puestos de trabajo y han favorecido a miles de trabajadores que perdían sus empleos".

Griñán reivindicó al PSOE como un partido "honesto" que tiene su cuentas auditadas y que "no tiene un Gürtel, que no tiene nadie que pueda avergonzarle dentro de sus finanzas". Griñan respondía así en un acto en Sevilla a las acusaciones del PP por la posible financiación ilegal del partido a través de los ERE auditados por la Junta.

Contrariamente a lo que dice Griñán, lo cierto es que a dos años del surgimiento del escándalo Mercasevilla, apenas ha asomado la punta del iceberg. Según recuerda el diario, hay cinco causas judiciales abiertas en las que están implicados varios altas cargos socialistas.

Escándalos en la Junta

El PSOE lleva tres décadas al mando en Andalucía, y la avalancha de evidencias le ha cogido, a pesar de ello, con el pie cambiado. El Mundo recapitula algunos de ellos.

La Fiscalía consideró probado que el ex delegado de Empleo y miembro de la Ejecutiva Antonio Rivas, y el ex director gerente de Mercasevilla, exigieron a los empresarios de La Raza una comisión de 300.000 euros a cambio de la conveniente subvención de la Junta de Andalucía les concediera una subvención.

La venta ilegal o fraudulenta –según términos de la propia juez- llevada a cabo con la venta de los suelos de Mercasevilla, unas 40 hectáreas muy solicitadas por su posición estratégica. El pliego incluía cláusulas ilegales que se incluyeron con la intención de favorecer a Sanma, la filial del grupo Sando que se quedó con los suelos pese a que su oferta, de 106 millones, era claramente inferior a la de Noga, de 158 millones.

La misma juez, Mercedes Alaya, investiga un supuesto falseo de las cuentas de Mercasevilla para ocultar un agujero económico de más de un millón de eurso en 2008, y que afecta a tres directivos de la empresa.

Los ERE de Mercasevilla. En el año 2003 fue incentivado con 5,6 millones de euros y en 2007, tras contratar a tantas personas como prejubiló, la Junta autorizó un nuevo ERE para ajustar la plantilla En uno de los expedientes aparecía Carmen Fontela, y en otro, Antonio Garrido Santoyo, una viuda que nunca trabajó en el mercado. Y se contrató a trabajadores con la intención de prejubilarlos con fondos públicos. También se metió a un ex sindicalista de UGT llamado Juan Lanzas, que la Policía considera una persona clave en el fraude.

El fondo de reptiles es, sin embargo, el último escándalo de la Junta. Hasta ahora se han econtrado 44 intrusos prejubilados en 15 empresas con fondos públicos. Entre 2000 y 2010 la Junta empleó 700 millones de euros para prejubilar trabajadores de empresas seleccionadas de manera arbitraria y eludiendo la normativa de subvenciones, dice El Mundo.

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