Griñán pretende disfrazar su cesión ante las pitadas de "diálogo"

Ha tenido todo el año 2010 para dialogar con las partes afectadas y no sólo con CCOO y UGT, que sólo han querido introducir pequeños matices en una estrategia de privatización de la gestión pública, como ya se ha explicado. Todos los demás sindicatos, la oposición política e incluso expertos de reconocido prestigio han sido marginados a propósito porque desde un principio este proceso fue considerado por el gobierno Griñán como una imposición y por ello se eligió el procedimiento del "Decreto-Ley". Ahora, cuando tanto desde el punto vista social, como político, como jurídico (se han admitido a trámite las querellas contra su texto), el decretazo se ha quedado sin salida, el gobierno Griñán anuncia su propósito de convertir el Decreto en Ley y pretende confundir a los ciudadanos enmascarando su autoritarismo anterior con un barniz de diálogo, ahora, parlamentario.

Lo cuenta con detalle la agencia EFE que ha anunciado que hoy por la mañana la Junta de Andalucía aprobará en la reunión del Consejo de Gobierno un nuevo decreto de reordenación de la Administración autonómica que sustituye al original e incorpora las dos modificaciones introducidas tras los acuerdos alcanzados con UGT y CCOO. El texto, que entrará en vigor de forma inmediata, será remitido al Parlamento para su tramitación como proyecto de Ley, con la idea de que se abra un debate para que se conozcan "las manipulaciones que se vienen haciendo".

Después de semanas de movilizaciones de funcionarios en contra del "decreto del enchufismo", y de que se hayan apuntado indicios de inconstitucionalidad en un texto que está recurrido en los tribunales, el Ejecutivo, de nuevo con el apoyo de UGT y CCOO, trató ayer de calmar los ánimos, pero a tenor de las reacciones no parece que haya tenido éxito. Dada la mayoría absoluta del PSOE, no está prevista modificación sustancial alguna del decreto durante su tramitación en el Parlamento como proyecto de Ley, sin bien en el debate podrán intervenir todos los grupos políticos. "Queremos un debate y que a través de las enmiendas se explique cuál es la posición de cada uno de los partidos, y así acabar con esta manipulación tan burda que se está haciendo del decreto", espetó Aguayo.

Incluso la consejera Aguayo confía en culpar al PP de lo sucedido al obligarle, cree ella, a concretar su posición en el parlamento, cosa que habría podido hacer hace muchos meses si la opinión del PP hubiera importado algo.

Pero al tiempo de acusar al PP, Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE-A, niega que haya habido marcha atrás, y aseguró, cuenta Europa Press, que lo que se ha buscado es garantizar el debate y que todos los grupos tengan que "retratarse" sobre cuál es el modelo, después de "tantas mentiras, engaños y manipulaciones". Jiménez emplazó al PP a que diga "que va a despedir a todos aquellos trabajadores que no sean funcionarios o que va a cerrar todas las empresas públicas y agencias".

El coordinador regional de IU, Diego Valderas, ve en la nueva actitud de la Junta una "rectificación" que devuelve a Griñán a la senda del sentido común. Y UGT y CCOO, cada vez más alineados y confundidos con el gobierno Griñán, han anunciado que pedirán contactos con el PP e IU para saber qué modelo quieren del sector público.