LD (EFE) El pasado 15 de febrero, el Consejo de Administración de la CNE autorizó a ACS a ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en las juntas de accionistas de Iberdrola, excepto en asuntos que afecten a la estrategia competitiva de la empresa, pero estableció que la constructora no podrá designar consejeros ni participar en la gestión.
La resolución del regulador energético incluye una lista de materias consideradas estratégicas. Iberdrola alega en su escrito que, a la vista de la resolución de la CNE, es imposible establecer un listado tasado de materias estratégicas. Además, señala que el mero ejercicio de los derechos de voto en algunos aspectos da a ACS capacidad de influir en la gestión de la compañía. Según la eléctrica, la resolución de la CNE no explica las motivaciones por las que la CNE se ha apartado de los precedentes aplicados al BBVA, que tuvo que elegir entre Iberdrola y Repsol YPF, y a La Caixa, que debió optar entre Gas Natural y Endesa.
En esos dos casos, el regulador energético sólo autorizó el ejercicio de derechos de voto por encima del 3 por ciento para las decisiones que afectaran al mantenimiento del valor de la inversión, es decir la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de reparto de dividendos. Iberdrola considera necesario que Industria aclare estos extremos porque, de lo contrario, tendría que asumir la responsabilidad de interpretar una resolución administrativa "dudosa".
La compañía entiende que esta última opción supondría un riesgo que ni la empresa ni sus accionistas, incluido ACS, tienen el deber jurídico de soportar. En sus alegaciones previas, presentadas antes de la decisión de la CNE, Iberdrola había pedido que se aplicara la normativa vigente, según la cual una sociedad no puede ejercer derechos políticos superiores al 3 por ciento en más de una empresa considerada operador principal del sector energético. En la actualidad, ACS posee el 40,47 por ciento del capital de Unión Fenosa y el 12,44 por ciento de Iberdrola.
Según la resolución de la CNE, se consideran cuestiones estratégicas el plan estratégico y las inversiones o desinversiones asociadas al cumplimiento de sus objetivos, salvo las concentraciones que precisen la previa autorización de una autoridad nacional o supranacional de defensa de la competencia. También se consideran estratégicos los presupuestos, el nombramiento de altos directivos, las políticas de recursos humanos del personal directivo, y la estructura societaria y organizativa a nivel directivo.
Otras cuestiones en las que ACS no podrá ejercer plenamente sus derechos políticos son, según la CNE, el aprovisionamiento de combustibles y materias primas necesarias para desarrollar la actividad eléctrica y cualquier aspecto asociado a la tecnología a utilizar y a la política de ventas. En el resto de las cuestiones, la constructora presidida por Florentino Pérez podrá ejercer derechos equivalentes al 10 por ciento del capital. Aunque la participación de ACS en Iberdrola es del 12,44 por ciento, los Estatutos de la eléctrica limitan los derechos políticos de los accionistas al 10 por ciento.
La constructora no podrá suscribir acuerdos o pactos con otros accionistas de Iberdrola para adoptar decisiones que afecten a materias consideradas estratégicas. Además, no podrá intercambiar información estratégica sobre Unión Fenosa con otros accionistas relevantes de Iberdrola. La resolución contó con dos votos particulares: uno discrepante, de Luis Albentosa, y otro, firmado por Jaime González y Sebastiá Ruscalleda, que matizaba algunos de los puntos acordados por la mayoría.
La resolución del regulador energético incluye una lista de materias consideradas estratégicas. Iberdrola alega en su escrito que, a la vista de la resolución de la CNE, es imposible establecer un listado tasado de materias estratégicas. Además, señala que el mero ejercicio de los derechos de voto en algunos aspectos da a ACS capacidad de influir en la gestión de la compañía. Según la eléctrica, la resolución de la CNE no explica las motivaciones por las que la CNE se ha apartado de los precedentes aplicados al BBVA, que tuvo que elegir entre Iberdrola y Repsol YPF, y a La Caixa, que debió optar entre Gas Natural y Endesa.
En esos dos casos, el regulador energético sólo autorizó el ejercicio de derechos de voto por encima del 3 por ciento para las decisiones que afectaran al mantenimiento del valor de la inversión, es decir la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de reparto de dividendos. Iberdrola considera necesario que Industria aclare estos extremos porque, de lo contrario, tendría que asumir la responsabilidad de interpretar una resolución administrativa "dudosa".
La compañía entiende que esta última opción supondría un riesgo que ni la empresa ni sus accionistas, incluido ACS, tienen el deber jurídico de soportar. En sus alegaciones previas, presentadas antes de la decisión de la CNE, Iberdrola había pedido que se aplicara la normativa vigente, según la cual una sociedad no puede ejercer derechos políticos superiores al 3 por ciento en más de una empresa considerada operador principal del sector energético. En la actualidad, ACS posee el 40,47 por ciento del capital de Unión Fenosa y el 12,44 por ciento de Iberdrola.
Según la resolución de la CNE, se consideran cuestiones estratégicas el plan estratégico y las inversiones o desinversiones asociadas al cumplimiento de sus objetivos, salvo las concentraciones que precisen la previa autorización de una autoridad nacional o supranacional de defensa de la competencia. También se consideran estratégicos los presupuestos, el nombramiento de altos directivos, las políticas de recursos humanos del personal directivo, y la estructura societaria y organizativa a nivel directivo.
Otras cuestiones en las que ACS no podrá ejercer plenamente sus derechos políticos son, según la CNE, el aprovisionamiento de combustibles y materias primas necesarias para desarrollar la actividad eléctrica y cualquier aspecto asociado a la tecnología a utilizar y a la política de ventas. En el resto de las cuestiones, la constructora presidida por Florentino Pérez podrá ejercer derechos equivalentes al 10 por ciento del capital. Aunque la participación de ACS en Iberdrola es del 12,44 por ciento, los Estatutos de la eléctrica limitan los derechos políticos de los accionistas al 10 por ciento.
La constructora no podrá suscribir acuerdos o pactos con otros accionistas de Iberdrola para adoptar decisiones que afecten a materias consideradas estratégicas. Además, no podrá intercambiar información estratégica sobre Unión Fenosa con otros accionistas relevantes de Iberdrola. La resolución contó con dos votos particulares: uno discrepante, de Luis Albentosa, y otro, firmado por Jaime González y Sebastiá Ruscalleda, que matizaba algunos de los puntos acordados por la mayoría.