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Industria "expulsa" a 1,2 millones de hogares de la tarifa de último recurso

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que Industria ha expulsado a 1,2 millones de hogares de la tarifa de último recurso, al establecer en 10 Kilovatios (Kw) y no en 15 Kw (también considerada de uso doméstico) el límite para acogerse a la misma.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que Industria ha expulsado a 1,2 millones de hogares de la tarifa de último recurso, al establecer en 10 Kilovatios (Kw) y no en 15 Kw (también considerada de uso doméstico) el límite para acogerse a la misma.

LD (Agencias) A juicio de la OCU, esta medida, aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros, va en contra de las directivas europeas, que establecen que los estados miembros deben garantizar que todos los clientes domésticos disfruten de un suministro de electricidad de calidad a precios razonables, comparables y transparentes.

Entre los 1,2 millones de contratos que son "expulsados" de la tarifa de último recurso se encuentran muchos usuarios que, al migrar de la antigua tarifa nocturna a la nueva de discriminación horaria, experimentaron "un importante incremento en la potencia contratada", lo que "sin duda provocará que ahora se queden sin tarifa de referencia".

La OCU declara que la exclusión de estos usuarios va a ocasionar "un muy importante incremento del precio que pagan en la actualidad por la energía eléctrica". En opinión de OCU, "no existe en el mercado liberalizado una tarifa de similares características".

"El mecanismo ideado por el Ministerio de Industria impondrá un incremento mensual del 5% hasta que no cambien a una tarifa del mercado liberalizado que hoy por hoy no existe", precisa la organización de consumidores.

Finalmente, la OCU advierte de que las tarifas del mercado liberalizado, al no prestarse mediante un contrato reglado sino mediante contratos de adhesión, podrían contener cláusulas abusivas, perjudiciales para los 1,2 millones de usuarios excluidos de la tarifa de último recurso.

FACUA

Según se aprobó en consejo de ministros el pasado viernes, el próximo 1 de julio, la actual tarifa regulada del sector eléctrico será sustituida por la de último recurso, conocida como TUR. Una medida, que no sólo ha criticado OCU. También FACUA cree que la Tarifa de Último Recurso está rodeada de "grandes incógnitas".

Uno de esos misterios que denuncia FACUA es que aún sigue "siendo una incógnita si el Ministerio intentará expulsar a los usuarios al mercado libre aplicando una gran subida al configurar la TUR".

Hay que tener en cuenta, advierte la asociación, que las actuales ofertas que presentan las comercializadoras eléctricas "no resultan realmente atractivas, ya que implican descuentos insignificantes con respecto a la tarifa regulada".

Entre enero de 2008 y enero de 2009, las tarifas eléctricas con mayor número de usuarios experimentaron subidas del 21,2% y el 20,6% en el precio del kilovatio hora. Se trata de la tarifa 2.0.2 (para una potencia contratada mayor de 2,5 y hasta 5 kW mes) y la 2.0.3 (hasta 10 kW), respectivamente.

Los incrementos en el precio del kWh o término de energía fueron del 36,2% en la tarifa 1.0 (hasta 1,0 kWh), el 22,1% en la 2.0.1 (hasta 2,5 kWh) y el 13,9% en la 3.0.1 (hasta 15 kWh).

A ello hay que añadir, dice FACUA, la "auténtica subida encubierta" que para muchos usuarios ha supuesto el recargo por cada kWh consumido por encima de los 500 mensuales. "Estos recargos son cuestionables al aplicarse sin tener en cuenta elementos tan importantes como la época del año, la zona geográfica, el número de usuarios de la vivienda y su equipamiento eléctrico", explica FACUA, que afirma que el 12% de los cerca de 28.000 usuarios encuestados ha sufrido penalizaciones en sus recibos por "supuestos excesos de consumo".

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