LD (M. Llamas) El próximo sábado se celebran las elecciones al Consejo General del Notariado, tras un mandato caracterizado por un intenso enfrentamiento competencial entre notarios y registradores. Y ello, debido, en gran medida, a la reforma del Reglamento Notarial aprobada por el Gobierno en enero de 2007.
De este modo, las elecciones pondrán fin al mandato de José Marqueño al frente del Consejo General del Notariado. Sin embargo, será su segundo de a bordo, el socialista Antonio Ojeda, el que cuenta con todas las papeletas para sucederle en el cargo. Ojeda, ex presidente del Parlamento de Andalucía, desempeñó la vicepresidencia del Consejo durante el último mandato.
El Supremo anula las retribuciones del Consejo
Su candidatura ha generado polémica en el seno del notariado. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (octubre de 2008) anula las retribuciones del Consejo de Notarios. En concreto, el Supremo considera que los altos cargos del citado organismo (presidente y vicepresidente) no pueden percibir una retribución económica por su actividad institucional.
En este sentido, Ojeda habría percibido durante su mandato como vicepresidente del Consejo cerca de 1,2 millones de euros en total, mas unos 280.000 euros para un sustituto en su notaría de Sevilla, según ha podido saber Libertad Digital. En concreto, una retribución fija próxima a los 25.000 euros mensuales desde 2005 hasta 2008, de media, junto a otros 6.000 euros al mes para un sustituto.
Sin embargo, la sentencia del Supremo anula un artículo del nuevo Reglamento del Notariado (enero de 2007) que fijaba "compensaciones institucionales" a fin de "garantizar la debida dedicación a sus obligaciones corporativas". El Tribunal estima que tal precepto peca de "indefinición" e incluye una "finalidad propia de un verdadera retribución del cargo [...] lo cual no resulta congruente con el carácter no retribuido de los cargos corporativos".
Opiniones contrapuestas
Así, la sentencia añade que el "precepto, en los términos que aparece redactado, no se limita a compensar a quienes desempeñan los cargos corporativos en el Consejo para evitar que por ello resulten perjudicados, como sería lo propio y conforme con su carácter, sino que va más allá y permite establecer a su amparo un auténtico régimen retributivo de tales cargos, en contra de su naturaleza y régimen de prestación de esos servicios". Por ello, el Supremo procede a la "anulación" del citado precepto.
El fallo ha levantado opiniones contrapuestas en el seno del notariado. Algunos críticos opinan que tal sentencia obligaría a Ojeda y Marqueño a devolver las cuantías percibidas durante su mandato que, por cierto, no son de conocimiento público para el resto de notarios. Y es que, tales salarios no responderían a un carácter "compensatorio" sino "retributivo", tal y como señala el Supremo, según los notarios consultados por este periódico.
Por el contrario, fuentes del Consejo General del Notariado indican que la sentencia tan sólo afecta al precepto que se incluyó en la reforma del Reglamento Notarial de 2007. Y, por ello, en nada afecta a las "compensaciones" que, desde 1999, vienen percibiendo legítimamente los notarios que ocupan el cargo de presidente y vicepresidente del Consejo.
Dudas sobre la candidatura de Ojeda
Además, parte del notariado pone en duda que la candidatura de Ojeda a la presidencia del Consejo se ajuste a la normativa del cuerpo. "El artículo 320 del Reglamento establece que cuando el Decano pretendiera su reelección por tercero o ulterior mandato consecutivo, la candidatura deberá ser presentada por, al menos, el 25% de los Colegiados, lo que no ha hecho Ojeda con el pretexto de que las dos veces anteriores era decano del Colegio de Sevilla y ahora se presentaba a Decano del Colegio de Andalucía", según las fuentes notariales consultadas.
El problema es que "en la nueva ordenación de los Colegios se han establecido por Comunidades Autónomas, pero es evidente que el de Andalucía es la suma de los precedentes de la Comunidad, entre ellos el de Sevilla, lo que hace evidente un fraude de ley en la evasión del cumplimiento del Reglamento", indican.
Dos años para jubilarse
Por si ello fuera poco, Ojeda se presenta cuando apenas le quedan "dos años para la jubilación, con lo que no podrá cumplir su mandato al frente del Colegio de Andalucía y, en su caso, del Consejo General del Notariado", según advierten estas mismas fuentes. En este sentido, cabe recordar que Ojeda criticó duramente la continuación de José Aristónico al frente del Colegio Notarial de Madrid por motivos idénticos (haber cumplido la edad de jubilación).
"Continuidad" de la gestión de Marqueño
Por último, los críticos con la gestión de Marqueño al frente del notariado durante los últimos años interpretan la candidatura de Ojeda como una señal inequívoca de "continuidad". "Los resultados de las últimas elecciones corporativas, con un altísimo nivel de participación y con pluralidad de candidaturas en varios Colegios, hacían presagiar un verdadero cambio en el gobierno del Notariado", según señala la Asociación de Notarios Joaquín Costa. Sin embargo, la candidatura de Ojeda, que cuenta con el apoyo de once colegios notariales, supone "más de lo mismo".
"El puro y duro continuismo de la nefasta etapa anterior", en donde se hace uso del "rodillo de la mayoría (meramente teórica por cierto) y se procede a un reparto de cargos, eludiendo cualquier diálogo y solución de compromiso con seis decanos, representantes de la mitad del Cuerpo, y, algunos de ellos, particularmente activos y eficaces en las últimas batallas libradas o que se están librando" en la actualidad en el seno del notariado como, por ejemplo, la marcha atrás a la rebaja arancelaria que pretendía aplicar el Gobierno.
Por su parte, desde Foro Notarial se denuncia la "ausencia de debate" en la elección del nuevo Consejo, en lugar de negociar una "candidatura de consenso", según afirman a LD los representantes de dicha asociación. De hecho, "desconocemos el programa con el que se presenta Ojeda al cargo de presidente", en un momento "trascendental" para este cuerpo de funcionarios.
Nueva reforma de la Ley del Notariado
Y es que, tal y como avanzó este periódico, el Supremo anuló igualmente el pasado mayo uno de los fundamentos básicos del nuevo Reglamento Notarial. Una reforma que fue defendida al máximo por la actual cúpula notarial (Marqueño y Ojeda) pero que, sin embargo, originó una dura pugna entre diversos operadores jurídicos para defender sus respectivas competencias.
La sentencia anuló el "control de legalidad" de los notarios. El Gobierno pretende ahora subsanar los defectos "formales" indicados por el Alto Tribunal con una nueva reforma que amenaza con reavivar las tensiones competenciales entre los distintos profesionales del Derecho. En este sentido, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció el pasado 20 de enero que el Gobierno trabaja en una "urgente reforma de la Ley del Notariado".
Así, en su intervención en el acto de constitución del Colegio Notarial de Murcia, Bermejo afirmó que "los notarios sois funcionarios públicos encargados de la gestión colectiva de la dación de fe. No sólo de eso: del control de la legalidad". Advirtió de que "nadie discute cuál debe ser la función notarial que yo defiendo y defenderé". Unas declaraciones que contradicen la sentencia del Supremo y que amenazan con extender en el tiempo la pugna jurídica y competencial entre el notariado y determinados operadores jurídicos.