LD (Agencias) La decisión es válida por un período de diez años y permite el uso específico de importación del denominado “BT 11”, un maíz dulce enlatado o fresco, siempre que el etiquetado del producto muestre" claramente" que el maíz es un organismo genéticamente modificado (OGM) "en línea con la legislación europea".
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario puntualizó que la autorización para cultivar esta variante de maíz “transgénico” requiere una decisión que todavía no está aprobada en el seno de la UE. El comisario europeo de Salud y Protección de los Consumidores, David Byrne, fue el encargado de exponer la posición de la institución e hizo hincapié en esta variante de maíz había sido objeto de la "más rigurosa evaluación de riesgo en el mundo".
Según el comunicado emitido por la CE, "la seguridad alimentaria no será un problema en adelante, será una cuestión de elección del consumidor. Las nuevas reglas de la UE sobre OGM requieren un claro etiquetado y trazabilidad. El etiquetado da a los consumidores la información que necesitan para hacerse su propia idea. Son libres de elegir lo que quieren comprar. La Comisión está actuando con responsabilidad en base a una legislación clara y exigente".
La moratoria “de facto” comenzó en junio de 1999 con una declaración de los ministros de Medio Ambiente en la que exigían una directiva sobre evaluación de riesgo y trazabilidad. El último “transgénico” aprobado por la Comisión Europea había sido en octubre de 1998. El proceso de aprobación del “Bt-11” se inició el 12 de diciembre de 2003, cuando el Comité de Seguridad de la Cadena Alimentaria de la UE no logró la mayoría suficiente para autorizar la importación de este organismo genéticamente modificado (OGM).
España e Italia modificaron su voto en el último momento
Este miércoles, seis países votaron a favor –Reino Unido, Irlanda, Holanda, Finlandia, Suecia e Italia–, otros seis en contra –Francia, Dinamarca, Grecia, Austria, Luxemburgo y Portugal– y tres se abstuvieron –Alemania, España y Bélgica–. Al repetirse el “empate técnico” entre los Quince, el expediente pasó directamente a Bruselas, que tenía la última palabra y que ya se había pronunciado a favor.