LD (EFE) Según explicó a Efe el secretario de Patrimonio del Comité Nacional de CNT, Juan Ariza, el sindicato reivindica que se compensen los bienes que se incautaron durante la Guerra Civil, constituidos por inmuebles y cuentas, o en los primeros años del franquismo.
Respecto a los inmuebles, la CNT entiende que cuatro son "reintegrables" y no "compensables", como pretende la Administración, es decir, "el Estado debe devolver el inmueble y, en el caso de que no pueda hacerlo, debe compensar".
El sindicato tampoco está de acuerdo con la valoración hecha por la Administración, que en determinados casos sólo compensa el valor del terreno y se "ignora" el edificio que estaba construido en el mismo cuando fue incautado. El tercer punto reivindicativo se refiere a aquellos bienes que "está probado" que pertenecen sólo a la CNT y bien se han otorgado o compartido con UGT.
Por lo que respecta a las cuentas, la CNT pide que la Administración actualice los saldos, no desde 1940, como ha establecido, sino partiendo de la fecha en la que realmente fue incautado el bien. La demanda presentada ante el Tribunal Supremo sólo se refiere al acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre pasado, que contempla 135 cuentas y 33 inmuebles. Según Ariza, queda pendiente otra partida "inmensa" de bienes cuyos expedientes aún están en trámite administrativo.
Respecto a los inmuebles, la CNT entiende que cuatro son "reintegrables" y no "compensables", como pretende la Administración, es decir, "el Estado debe devolver el inmueble y, en el caso de que no pueda hacerlo, debe compensar".
El sindicato tampoco está de acuerdo con la valoración hecha por la Administración, que en determinados casos sólo compensa el valor del terreno y se "ignora" el edificio que estaba construido en el mismo cuando fue incautado. El tercer punto reivindicativo se refiere a aquellos bienes que "está probado" que pertenecen sólo a la CNT y bien se han otorgado o compartido con UGT.
Por lo que respecta a las cuentas, la CNT pide que la Administración actualice los saldos, no desde 1940, como ha establecido, sino partiendo de la fecha en la que realmente fue incautado el bien. La demanda presentada ante el Tribunal Supremo sólo se refiere al acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre pasado, que contempla 135 cuentas y 33 inmuebles. Según Ariza, queda pendiente otra partida "inmensa" de bienes cuyos expedientes aún están en trámite administrativo.