El ministro de Fomento, José Blanco, afirmaba el domingo que para ahorrar dinero público se debería "cerrar la Comunidad Autónoma de Madrid. Sería una medida de ahorro estupenda". Tales declaraciones políticas chocan frontalmente con la realidad de los datos presupuestarios.

En el año en que los efectos de la crisis se están recrudeciendo, con dificultades cada vez mayores para refinanciar una deuda pública monstruosa y acercándonos peligrosamente a los cinco millones de parados, las comunidades autónomas consumirán casi 130.000 millones para pagar sus gastos de funcionamiento en 2011.

El gasto corriente de las administraciones, de acuerdo con las normas de contabilidad pública, agrupa los cuatro primeros capítulos de los presupuestos generales de la institución oficial de que se trate según el siguiente detalle:

- El Capítulo I contempla los gastos de personal, esto es, sueldos, complementos salariales, cotizaciones sociales y cualquier otro concepto retributivo con destino al personal, funcionario o no, que presta sus servicios en la administración de que se trate.

- El Capítulo II, "Gastos en bienes corrientes y servicios" agrupa los gastos necesarios para el funcionamiento de la administración tales como agua, luz, prensa, alquiler de edificios, reparaciones, mobiliario, teléfono, coches oficiales etc.

- Los gastos financieros de toda índole que pagan los organismos públicos se incluyen en el capítulo presupuestario tercero.

- Finalmente, el Capítulo IV contempla las llamadas "transferencias corrientes", que no son otra cosa que las subvenciones que los órganos políticos conceden a entidades públicas y privadas, y a las personas físicas o jurídicas, pero no con destino a la inversión productiva (ese concepto corresponde al Capítulo VII, "Transferencias de Capital"), sino para pagar los gastos corrientes en que incurren esas entidades agraciadas con el maná presupuestario.

El gasto corriente por comunidades autónomas se recoge en el siguiente cuadro, ordenado en sentido descendente, con inclusión de la comparativa respecto al presupuesto total que manejan las diecisiete autonomías españolas.

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Del examen de esta información se desprende que la clasificación en función del gasto corriente en términos absolutos se corresponde, aproximadamente, con el número de habitantes de cada comunidad autónoma, con Cataluña, Andalucía, Valencia y Galicia en los cuatro primeros lugares. Esto quiere decir que se sigue una progresión natural según la cual a mayor número de habitantes, más gasto corriente y viceversa.

Sin embargo, si calculamos la ratio de gasto corriente por habitante, el resultado nos permite conocer un dato muy llamativo:

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En efecto, como puede comprobarse, las comunidades autónomas con más gasto corriente por habitante son las dos que mantienen un régimen financiero especial con el estado, País Vasco y Navarra, seguidas por Cataluña.

En el otro extremo, y a pesar de ser la tercera autonomía más populosa, se sitúa Madrid como la comunidad autónoma cuyos habitantes han de financiar la menor cantidad per cápita de gasto corriente, 1.103 euros anuales por madrileño, lo que supone estar un 60% por debajo de la media nacional. Le siguen Andalucía, Valencia y Extremadura, pero casi con el doble de gasto corriente per cápita que la comunidad gestionada por Esperanza Aguirre.

En otras palabras, a los madrileños les sale por menos de la mitad el financiar los gastos corrientes de sus políticos autonómicos que a la media del resto de españoles. Comparándolo con las comunidades más gravosas, un ciudadano de la comunidad de Madrid paga cinco veces menos por los gastos corrientes de su autonomía que un navarro y cuatro veces menos que si viviera en el País Vasco o Cataluña.

Los datos con que se ha elaborado esta información proceden de los presupuestos generales de las comunidades autónomas par 2011, publicados en sus respectivos boletines oficiales, con el matiz de que Cataluña y la comunidad autónoma Balear tienen en la actualidad prorrogado el presupuesto de 2010.

Por otra parte, los cálculos se han realizado exclusivamente con los datos financieros de la administración general de las comunidades autónomas, por lo que no se incluyen las entidades de derecho público, empresas públicas, fundaciones y consorcios de titularidad autonómica, sobre cuyo número, ciertamente ingente, y características, asombrosas en muchos casos, daremos cuenta muy pronto.