(Libertad Digital) Hasta el momento, gracias a la presentación del convenio de acreedores, Martinsa-Fadesa evita el embargo preventivo de sus bienes y las eventuales responsabilidades, pues al solicitar el concurso cuando la insolvencia era inminente, la sociedad se considera todavía solvente y no concurría en ella la "insuficiencia de masa activa" que constituye la base legal del embargo y las responsabilidades por mala administración.
La Ley 22/2003 de 9 de julio que regula el procedimiento concursal determina que en el concurso voluntario éstos embargos no se producen, salvo que lo decida el juez encargado del concurso. Sin embargo, en el concurso necesario, la Ley presume la culpabilidad del concursado.
En estos casos, los administradores de la empresa verán embargados con carácter preventivo sus bienes personales desde el principio del procedimiento, en garantía de los acreedores.
Además, esta presunción de culpabilidad supone que los acreedores no necesitan probar que los administradores han actuado de manera culpable, tal como establece la norma concursal en su artículo 40, destinado a las facultades patrimoniales del deudor.
Y es que cuando la empresa solicita el concurso antes de que se haya alcanzado la insolvencia, como es el caso de Martinsa-Fadesa, no sólo no existe quiebra de la empresa, sino que las ventajas para el administrador son muy superiores a las que obtendría de un concurso cuando la compañía ya es insolvente y mucho más si lo hubiese promovido uno o varios de los deudores.
La compañía aseguró ayer que está contactando con todos sus clientes para tratar sobre las viviendas pendientes de entrega. Martinsa-Fadesa sostiene que continúa "desarrollando su actividad con normalidad" y que "posibilitará, bajo la supervisión de la administración concursal, las fórmulas más adecuadas para acabar las promociones y obras en curso y entregar todas las viviendas comprometidas".
Promociones de pisos detenidas
Asimismo, la empresa manifiesta su voluntad de tratar "las posibles fórmulas de solución en cada una de las promociones" deja la puerta abierta a otras alternativas a la entrega de las viviendas. La asociación de consumidores Facua ha publicado un decálogo para que los afectados conozcan sus derechos y los reclamen en el proceso concursal.
El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, dijo ayer que el Gobierno va a "echar una mano" a las familias afectadas, a las que "habrá que garantizar" que dispondrán de su vivienda, sin entrar en más detalles. El Ministerio de Vivienda apoya la medida y el Ejecutivo prepara un plan de compra de suelo para inmobiliarias en crisis, a pesar de contar con la oposición del vicepresidente económico, Pedor Solbes.