LD (Lorenzo Ramírez) El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, está muy preocupado por la extensión de las competencias autonómicas al bien más preciado que tienen los seres humanos: el agua.
Por ello advierte que si cada región elabora su propia Ley de Aguas, el Plan Hidrológico Nacional se convertirá en una “auténtica torre de Babel”, donde cada territorio hable su propio “lenguaje del agua”, en función de los intereses de su territorio, haciendo que los conflictos sean cada vez más frecuentes.
Del Campo realizó estas declaraciones a raíz de la decisión de la Junta de Andalucía de cortar, sin previo aviso el pasado martes, el suministro a numerosas comunidades de regantes del Valle del Guadalquivir para desalinizar el estuario, con el fin de que los arroceros pudieran regar con agua dulce, lo que provocó cuantiosos daños a unas 113.000 hectáreas de frutales, hortalizas y otros cultivos, que necesitan abundante agua.
En opinión de Fenacore, el error de la Agencia Andaluza del Agua vino motivado por una "doble falta" de coordinación: por un lado, no se avisó a los usuarios que estaban regando, lo que ocasionó daños en los equipos de bombeo y cultivos y, por otro, el problema del exceso de salinidad podría haberse evitado desembalsando el agua necesaria para rebajar el tapón salino de los arroceros, sin necesidad de cortar el riego de un "modo arbitrario e injustificado".
El presidente resaltó que basar la gestión del agua en decisiones tomadas por los representantes de Medio Ambiente de cada provincia andaluza, es "un error y rompe el principio de unidad de cuenca hidrográfica".
En su opinión, fundamentar la gestión en criterios políticos en lugar de técnicos "pone en peligro la viabilidad del sector del regadío", a juzgar por las "visibles consecuencias" que ha provocado la sustitución del hasta ahora director de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, y la posterior dimisión "en bloque" de otros cuatro altos cargos de este organismo.
En este sentido, insistió en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la "contaminación política" de un recurso que es de todos los españoles y no del territorio que lo tiene más cerca.
En su opinión, esta "provincialización" de la cuenca del Guadalquivir sólo provoca descoordinación en la gestión, falta de rigor técnico y "guerras del agua"; primero, entre comunidades autónomas; después, entre provincias y por último, entre usuarios, como lo demuestra el episodio vivido entre arroceros y regantes.
Este hecho pone de manifiesto, como ya ha advertido Fenacore en reiteradas ocasiones, que es un "error político" que los recientes Estatutos de Autonomía entren a regular una competencia exclusiva del Estado, ya que las decisiones sobre cuencas intercomunitarias corresponden al Estado Central, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución Española en sus artículos 149 y 45.2.
En este marco, calificó de "inconcebible" que España "quiera terminar" con el modelo tradicional de gestión por cuencas hidrográficas - "el agua es de todos"- del que fue pionera y que ha inspirado la Directiva Marco de Aguas (DMA), alentando la titularidad exclusiva sobre las aguas -"el agua es nuestra"- que se atribuyen algunas comunidades en sus recientes reformas estatutarias.
Con objeto de superar las divisiones político-administrativas, Fenacore aboga por un gran pacto político sobre el agua entre las fuerzas políticas, sociales y económicas basado en los criterios de sostenibilidad, racionalización económica y solidaridad territorial, que -al margen de guerras del agua- garantice a los usuarios a corto y medio plazo el suministro en zonas deficitarias y el desarrollo económico de todas las regiones españolas.