A finales del pasado mes de diciembre, y con años de retraso, el Gobierno se decidió a abrir el plazo para que los municipios que lo deseaban pudieran solicitar albergar el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC). Las instalaciones, para las que el Ejecutivo aportaría 700 millones de euros, deben guardar los residuos de alta actividad de las centrales nucleares, que hasta ahora son almacenados en las piscinas de las propias plantas. Algunas de ellas están ya a pocos años de agotar su capacidad. Por otro lado, en ese lugar deberían estar, además, los residuos de la cerrada Vandellós I, que hasta ahora almacena Francia. Según el contrato firmado con el país vecino, cien toneladas de desechos tendrían que volver a España antes del fin de 2010 si no se quiere pagar, por el almacenaje extra, una penalización de casi sesenta mil euros diarios.
El temor a los efectos de un debate siempre incómodo para los partidos políticos retrasó la construcción del ATC en los meses previos a las pasadas municipales. Industria, ahora sí, quiere acometer la construcción de unas instalaciones ya indispensables para nuestro país y muy similares a las que ya disponen potencias nucleares de nuestro entorno. Los expertos coinciden en que la opción más segura es centralizar el almacenamiento de residuos de alta actividad y no mantenerlos dispersos, como hasta ahora. Pero este acuerdo no va a evitar, por lo que parece, que el tema del ATC enfrente a partidos y a territorios pese a que no hay una cita electoral, salvo la catalana, en el horizonte.
La Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) ha convocado una reunión extraordinaria de su asamblea general para el día 27 de enero en Madrid, en la que se podrían hacer públicos sus candidatos a acoger el ATC. Pero ya han trascendido algunas candidaturas. El municipio de Yebra, en Guadalajara, ha decidido este jueves en pleno que optará a ser sede del almacén. Almonacid de Zorita, también en Guadalajara, aún no lo ha declarado de forma oficial pero ése es el deseo del gobierno municipal, que decidió suspender en el último momento un referéndum sobre el asunto. También se da por hecha la candidatura de Ascó, en Tarragona. Unos pocos nombres que ya han despertado la batalla política a prácticamente todos los niveles.
El enfado de Barreda...
Mientras en los municipios los ecologistas se enfrentan a los gobiernos municipales, que ven en el futuro almacén la promesa de una inversión millonaria y la creación de unos 300 empleos directos, a nivel autonómico la queja viene del escaso margen de maniobra que los gobiernos regionales tienen en este asunto. En la convocatoria para pedir candidatos sólo pueden presentar alegaciones pero José María Barreda, el presidente castellano manchego, ya ha dejado clara su oposición al proyecto. Unas palabras que generaron su enfrentamiento con el Gobierno y, más en concreto, con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que sentenció hace pocos días que las competencias son del Estado y las autonomías “poco” tenían que decir. Tras furibundas críticas desde el PSOE de la región –su secretario general, en declaraciones a El País, llegó a decir que con palabras como las de Sebastián se entendían “los problemas por los que atraviesa el Gobierno de España”– y una llamada de teléfono, la situación parece haberse calmado pero Barreda sigue sin dar su visto bueno a un almacén en su territorio. Pone ahora la mirada en Cataluña, y más concretamente, en Ascó.
José Montilla, presidente catalán y ex ministro de Industria, no vería mal que el ATC estuviera en Tarragona, según ha trascendido en los medios. El problema en esta región, sería otro: la oposición frontal de sus socios de ICV. Oficialmente, Ascó aún no ha presentado candidatura. Si esta llega, sería a pocos meses de las elecciones catalanes y el tema nuclear podría entrar de lleno en campaña.
... y la oposición de Cospedal
En cuanto a la posición oficial de los partidos, el PSOE se congratula ahora de la decisión tomada por el Gobierno para construir el almacén sin aludir al retraso con el que llega. En la comisión permanente del Congreso que debatía este jueves la comparecencia de Miguel Sebastián para hablar de este asunto calificaron la respuesta del Ejecutivo a este problema de “seria, responsable y valiente” sin aludir a que llega demasiado tarde.
Desde el PP, mientras, la única que se había pronunciado hasta ahora había sido su secretaria general, y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Pese al apoyo de los populares al uso de la energía nuclear, ejemplificada en la oposición frontal al cierre de Garoña, Cospedal se ha pronunciado en los últimos días en una línea prácticamente idéntica a la de Barreda en contra de que el ATC se instale en Castilla-La Mancha. Su argumento, que esta comunidad “ya ha sido muy solidaria en materia nuclear”, como ha declarado de nuevo este jueves en Fitur.
Sus palabras llegaban mientras Yebra aprobaba su candidatura, con el voto favorable de los concejales del PP, a albergar el almacén y unos días después de que ella misma advirtiera, en un almuerzo con periodistas el pasado 13 de enero y recogida por Efe, que si algún popular apoyaba la instalación del ATC en su territorio, la dirección de su partido obraría en consecuencia. En el Congreso, mientras, el diputado Celso Delgado pedía este jueves que se “escuchara” la voz de las comunidades.
El conflicto, en cualquier caso, no ha hecho más que empezar porque aún se desconoce el grueso de los pueblos que optarán a ser la sede del ATC. El debate nuclear vuelve al ámbito político y está por ver que no atrase, aún más, la construcción de un almacén que necesita con urgencia España.