Han explicado que esto supone que se estaba en contacto con los acreedores para no llegar a la suspensión de pagos, aunque finalmente se ha tenido que instar el concurso. Las fuentes han señalado que habría unos 2.000 acreedores y el pasivo sería de más de 1.000 millones de euros. Asimismo, habría casi 5.000 demandas de Aifos a acreedores.
Por otra parte, desde la empresa, con sede social en Málaga, pero que tenía oficinas en otros países y en distintas provincias de España, han indicado que el objetivo que se persigue al instar concurso voluntario es "garantizar la construcción de las 3.000 viviendas suscritas con sus clientes y su entrega en el menor plazo posible".
"El concurso permitirá la reordenación de la deuda del grupo para combatir la crisis inmobiliaria, así como garantizar la pervivencia de la actividad de la empresa, el cumplimiento de los contratos con terceros y el mantenimiento del empleo de sus trabajadores", han apuntado a través de un comunicado.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 rechazó una primera solicitud de concurso necesario, presentada por acreedores, aunque semanas después admitió a trámite otra petición, que finalmente fue archivada puesto que los demandantes desistieron una vez que Aifos les pagó la deuda contraída.
En ese momento, abogados de Aifos presentaron en el juzgado un plan de refinanciación para la deuda de 800 millones de euros que la empresa tiene con 34 entidades financieras, con el fin de poder terminar todas las promociones que están en curso y que supondrían unas 4.200 viviendas, de las que 3.200 ya estaban vendidas.
Asimismo, está en concurso de acreedores la empresa vinculada al grupo Aifos, denominada Promociones y Servicios Hoteleros Guadalpín S.A., que se encarga de gestionar los establecimientos Guadalpín Marbella y Guadalpín Banús, ubicados en dicha localidad malagueña, tras la demanda de cuatro acreedores por deudas de 1,17 millones de euros. También se encuentra en esta situación la del hotel Byblos.
Aifos, cuyos principales directivos están procesados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí, es una de las primeras promotoras de Andalucía. En su momento se señaló que en caso de prosperar una suspensión de pagos de esta empresa sería una de las mayores del sector en España, junto a las declaradas en Martinsa Fadesa, Habitat y Tremón.
A partir de ahora, tras la presentación del concurso se le dará traslado a la administración concursal que se forme y los acreedores tendrán el plazo de un mes para presentar la documentación correspondiente.
Fuentes financieras han informado hoy a EFE que los principales acreedores, por volumen de los préstamos, son Caja Madrid, Banco Popular, Caja España, Cajasol y Banesto, si bien la promotora también tenía créditos con La Caixa, BBVA, Caixa Galicia, Unicaja y Banco Pastor.