LD (L. Ramírez) El Gobierno de Venezuela emitió una resolución para obligar a las industrias agrícolas a fabricar alimentos básicos a precios regulados y después ha comenzado a intervenir arroceras para asegurar la distribución del producto a bajo coste para los ciudadanos.

Pero como siempre que el Estado interviene en el mercado, las consecuencias están siendo desastrosas. En un mercado de libre competencia, el precio de un bien o servicio es el síntoma que ayuda a oferentes y demandantes a calibrar el grado de escasez del mismo, pero en una economía planificada –como la venezolana- el precio lo elige de forma arbitraria el Estado, lo que hace imposible casar la producción con las necesidades y preferencias de los demandantes. De esta forma se producen los problemas de abastecimiento.

La excusa que pone el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para justificar esta intervención en el sector de los alimentos básicos es que los empresarios evaden los controles de precios fijados bajo la "revolución socialista" elaborando y vendiendo productos con otras presentaciones y aditivos que comercializan a precios de mercado no regulados. Sin embargo, si se deja a un lado la propaganda oficial, la realidad es bien distinta. Las empresas están vendiendo con pérdidas y tienen problemas para acceder a las materias primas, así como al acceso de dólares como consecuencia del control de cambios vigente desde 2003.

Este viernes le ha tocado el turno a la planta arrocera de la trasnacional estadounidense Cargill, en una nueva etapa de su empeño nacionalizador. La expropiación está "en ejecución previa", según ha explicado hoy el titular de la oficina gubernamental Silos, Depósitos y Almacenes (Sada), Carlos Osorio, un día después de que el presidente Hugo Chávez ordenara la medida y una adicional investigación judicial a Cargill.

Según la propaganda gubernamental, la firma estadounidense "viola" leyes que garantizan el acceso de la población a alimentos de calidad y con precios justos, según ha denunciado Chavez,  promotor del llamado "socialismo del siglo XXI".

La intervención estatal complementa denuncias del Gobierno, que dice haber verificado que esa y otras empresas producen solo un 10% de arroz en los términos que establece la normativa de regulación de precios, mientras que el restante 90% son variedades que venden a precio libre.

El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, ha confirmado que el primer paso es "la toma del control" por sus funcionarios de la planta de arroz de Cargill ubicada en el occidental estado de Portuguesa. La empresa, que opera en Venezuela desde 1986 con unos 2.000 empleados, según datos de la propia compañía, también produce en el país latinoamericano aceites, harina, pasta, azúcar, café, leche, margarina, levadura y productos para mascotas, en otra decena de plantas no afectadas por la decisión del Gobierno.

En un comunicado, la trasnacional estadounidense asegura que la planta procesadora que el Gobierno pretende expropiarle por no producir arroz blanco fue diseñada para manufacturar exclusivamente ese cereal tipo "parboiled" o vaporizado. Cargill dice que "espera la oportunidad de aclarar su situación ante el Gobierno" de Chávez, que la empresa es "respetuosa de las decisiones" del Ejecutivo, y resalta "su compromiso de producción de alimentos en Venezuela apegado a las leyes y normativas vigentes".

En declaraciones a la prensa, el ministro Jaua destacó que desde ahora está a la espera de "un acuerdo amigable" con los responsables de Cargill, para la definición del monto de la indemnización respectiva que deberá pagar el Estado venezolano.

“Si quiere pelear con el Gobierno usted verá”

La medida contra la estadounidense fue anunciada por Chávez tras advertir que procederá de igual forma con la venezolana Polar, otra gigante productora de alimentos, si no corrige políticas que desde el fin de semana le cuestan una "intervención temporal" de noventa días. "Si se ponen cómicos (...), los expropiamos (...); nosotros pudiéramos expropiar todas las plantas de la Polar (...); los expropiamos y les pagamos con unos bonos", declaró el gobernante venezolano el pasado miércoles.

Dirigiéndose expresamente a Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, Chávez le advirtió: "Si usted quiere pelear con el Gobierno, usted verá; y no es con el Gobierno, es con la ley (...). Ojalá la Polar se ponga a derecho, si no se pone a derecho, ¡te voy a expropiar Mendoza!".

"Quiero que me inspeccionen todo; todas las plantas que producen la harina, harina de maíz, las que producen el aceite (...) el tema del papel sanitario", apuntó al explicar que actúa así para "proteger al pueblo".

Declara la "guerra a muerte al latifundio"

Aunque el apetito de Chávez no se sacia con estas intervenciones. El presidente venezolano ha anunciado también la intervención de 1.500 hectáreas de tierras de la filial en el país de la trasnacional irlandesa Smurfit Kappa Group, que produce papel.

El fundo El Piñal, una extensión de "1.500 hectáreas" donde se "siembra eucalipto, fue intervenido ayer", dijo Chávez, sin identificar a los propietarios, durante un acto oficial en el que también anunció la expropiación de otra finca de "2.237 hectáreas", ubicada en el municipio Simón Planas del estado occidental de Lara.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, precisó que en El Piñal "la trasnacional denominada Smurfit, la cartonera, siembra un tipo específico de madera, en el que los únicos beneficiados son los propietarios de la empresa".

Smurfit Kappa Cartón de Venezuela S.A es un grupo manufacturero que opera desde 1954 en Venezuela, donde posee una docena de instalaciones, entre ellas una división forestal. Pertenece al Smurfit Kappa Group, un gigante del sector del papel con base en Irlanda que opera en 22 países europeos y nueve latinoamericanos, según datos publicados por la trasnacional en su página electrónica.

Arranca árboles para ahorrar agua

Cabello agregó que El Piñal se encuentra "a unos ocho kilómetros de El Maizal", la otra finca cuya intervención con fines de expropiación anunció Chávez y desde donde transmitió el acto oficial nocturno, en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.

Respecto al caso de El Piñal, el mandatario solo dijo que en esos terrenos se cultiva eucalipto, un árbol "que se chupa casi todo el agua del subsuelo", por lo que una vez que pase a manos del Estado se cambiará ese cultivo.

"Vamos a explotar de manera racional esa madera (de eucalipto) y vamos a sembrar otras cosas allí (...) caraotas (fríjoles) maíz, sorgo, yuca, ñame", apuntó Chávez, defensor del socialismo del siglo XXI.

Sobre la intervención de la finca El Maizal, de 2.237 hectáreas, el gobernante aseveró que "pagará la indemnización correspondiente" a los dueños de esas tierras, que pasarán a ser de propiedad colectiva y se dedicarán a la siembra de alimentos.

"Mi reconocimiento a los que han estado usufructuando estas tierras, por su cooperación" para negociar con el Estado la venta, "ellos recibirán la correspondiente indemnización por la bienechuría (infraestructura)", declaró Chávez desde la finca intervenida, donde encabezó un "conversatorio sobre de desarrollo agrario socialista".

El jefe del Estado, que volvió a resaltar como indispensable para el éxito de su "revolución" socialista la "transformación de la estructura de la propiedad de la tierra", no reveló la identidad de los propietarios de El Maizal ni el precio que piensa pagar por las tierras.

Solo destacó que la extensión "ya no es propiedad privada, sino propiedad de todo el pueblo", y que en el sitio "está naciendo una comuna", una de las nuevas estructuras sociales y de producción que propone para la incipiente "Venezuela socialista".

En 2001 Chávez declaró la "guerra a muerte" al latifundio e inició la intervención de tierras ociosas para repartirlas entre campesinos pobres que la exploten en "empresas de producción social".

Un vasto plan nacionalizador

Chávez inició en 2007 un vasto plan nacionalizador, en el que ha incluido, entre otros "sectores estratégicos", al del petróleo, la electricidad, las tierras y la telefonía, tras previas o posteriores indemnizaciones o acuerdos de compraventa.

El plan continuó en 2008 con los sectores del cemento y la siderúrgia, mientras que quedó pendiente una incursión estatal en el bancario, con intenciones de compra del Banco de Venezuela al Grupo Santander, anunciada públicamente por Chávez.

Tras congelarse recientemente la negociación con el Santander , debido a la caída del precio del petróleo en los últimos meses, principal fuente de divisas de Venezuela, el empeño nacionalizador de Chávez no registraba movimientos importantes desde mediados del año pasado.

Entonces, el presidente venezolano anunció la nacionalización de la gigante siderúrgica Sidor, del grupo ítalo-argentino Techint, aún en proceso de negociación, y de la industria cementera controlada por la mexicana Cemex, que entró en litigio, así como por la suiza Holcim y la francesa Lafarge, que sí llegaron a un acuerdo.