El nuevo ministro de Finanzas, George Osborne, quedó en minoría en su primera participación en un Ecofin en una cuestión que Londres considera esencial porque en la City se concentran entre el 70% y el 80% de los 'hedge funds' europeos.
La vicepresidenta segunda y presidenta de turno del Ecofin, Elena Salgado, constató la existencia de un "acuerdo general" entre los ministros de Economía de la UE sobre la norma de los 'hegde funds'. No obstante, en un gesto dirigido a Londres, Salgado aseguró que "tendrá en cuenta" las "preocupaciones" expresadas por algunos países sobre el tratamiento que se da a los gestores de fondos de terceros países en las negociaciones que la presidencia española iniciará ahora con el Parlamento Europeo para pactar el texto definitivo.
Por su parte, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, admitió también que persiste el desacuerdo sobre si se concederá o no un pasaporte "riguroso y sin concesiones" a los gestores de 'hegde funds' extranjeros para que puedan operar en toda la UE si son autorizados en un Estado miembro. Tanto la Comisión como la Eurocámara, cuya comisión de Asuntos Económicos se pronunció este lunes, apoyan que se conceda este pasaporte, pero el compromiso de la presidencia española no lo incluye.
"Todavía debemos trabajar sobre ese punto, Elena", dijo Barnier a la vicepresidenta económica. "Este punto sigue en debate tanto para mí como para el Parlamento", destacó. Y dijo que espera que se pueda lograr un "acuerdo definitivo" entre los Gobiernos y la Eurocámara antes del final de junio para que la norma sobre 'hedge funds' pueda aprobarse en el pleno de julio.
La aprobación de esta directiva estaba prevista para el pasado mes de marzo pero la presidencia española la retiró del orden del día, pese a contar con una mayoría cualificada, tras recibir una petición del primer ministro saliente, Gordon Brown, reclamando más tiempo. Una vez pasadas las elecciones, España logró su objetivo de pactar un mandato de los Gobiernos para negociar con el Parlamento, que tiene poder legislativo en la materia.
El principal punto de discrepancia es el tratamiento que debe darse a los gestores de fondos de alto riesgo basados fuera de la UE. Reino Unido reclama que, si estos gestores son autorizados por el supervisor de un Estado miembro, se beneficien de un pasaporte europeo que les permita operar en todos los países de la UE. Ello permitiría que los 'hedge funds' basados en territorios dependientes de Reino Unido como Jersey o las islas Caimán puedan trabajar en toda la UE si los aprueba la autoridad británica.
Pero el texto de compromiso de la presidencia española que se aprobó no contempla este pasaporte europeo a los gestores de fondos extranjeros porque el resto de Estados miembros, y especialmente Francia, se oponen. Alegan que éstos no estarán sometidos a las mismas exigencias de transparencia que impondrá la UE. Reclaman que se mantenga la situación actual, es decir, que los gestores de fuera de la UE tengan que pedir autorización en cada uno de los países en los que quieran operar.
La norma ha provocado también preocupación en Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Tim Geithner, escribió una carta a Salgado y Barnier en la que expresaba su "preocupación" por considerar que directiva sobre 'hedge funds' "discriminará a las empresas estadounidenses y les denegará el acceso al mercado de la UE del que ahora disfrutan".
La norma sólo se aplicará a los gestores de 'hedge funds' con una cartera de más de 100 millones de euros. Para los gestores que no recurran al apalancamiento el límite para escapar a la regulación será más alto, de 500 millones, por considerarse que no plantean un riesgo sistémico.
Para operar en la UE, los gestores de fondos de alto riesgo deberán obtener la autorización del supervisor del Estado miembro en el que estén basados y estarán sujetos a supervisión y a controles estrictos, así como a duras exigencias de transparencia. Los supervisores tendrán todos los poderes necesarios para intervenir en caso de que el apalancamiento de los fondos suponga una amenaza para la estabilidad del mercado financiero.
Los gestores que cumplan estos requisitos tendrán derecho a gestionar y vender fondos no sólo en su propio país sino en toda la UE, es decir, se beneficiarán de un pasaporte europeo. La norma incluye además restricciones a las primas salariales que cobran los gestores.
La vicepresidenta segunda y presidenta de turno del Ecofin, Elena Salgado, constató la existencia de un "acuerdo general" entre los ministros de Economía de la UE sobre la norma de los 'hegde funds'. No obstante, en un gesto dirigido a Londres, Salgado aseguró que "tendrá en cuenta" las "preocupaciones" expresadas por algunos países sobre el tratamiento que se da a los gestores de fondos de terceros países en las negociaciones que la presidencia española iniciará ahora con el Parlamento Europeo para pactar el texto definitivo.
Por su parte, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, admitió también que persiste el desacuerdo sobre si se concederá o no un pasaporte "riguroso y sin concesiones" a los gestores de 'hegde funds' extranjeros para que puedan operar en toda la UE si son autorizados en un Estado miembro. Tanto la Comisión como la Eurocámara, cuya comisión de Asuntos Económicos se pronunció este lunes, apoyan que se conceda este pasaporte, pero el compromiso de la presidencia española no lo incluye.
"Todavía debemos trabajar sobre ese punto, Elena", dijo Barnier a la vicepresidenta económica. "Este punto sigue en debate tanto para mí como para el Parlamento", destacó. Y dijo que espera que se pueda lograr un "acuerdo definitivo" entre los Gobiernos y la Eurocámara antes del final de junio para que la norma sobre 'hedge funds' pueda aprobarse en el pleno de julio.
La aprobación de esta directiva estaba prevista para el pasado mes de marzo pero la presidencia española la retiró del orden del día, pese a contar con una mayoría cualificada, tras recibir una petición del primer ministro saliente, Gordon Brown, reclamando más tiempo. Una vez pasadas las elecciones, España logró su objetivo de pactar un mandato de los Gobiernos para negociar con el Parlamento, que tiene poder legislativo en la materia.
El principal punto de discrepancia es el tratamiento que debe darse a los gestores de fondos de alto riesgo basados fuera de la UE. Reino Unido reclama que, si estos gestores son autorizados por el supervisor de un Estado miembro, se beneficien de un pasaporte europeo que les permita operar en todos los países de la UE. Ello permitiría que los 'hedge funds' basados en territorios dependientes de Reino Unido como Jersey o las islas Caimán puedan trabajar en toda la UE si los aprueba la autoridad británica.
Pero el texto de compromiso de la presidencia española que se aprobó no contempla este pasaporte europeo a los gestores de fondos extranjeros porque el resto de Estados miembros, y especialmente Francia, se oponen. Alegan que éstos no estarán sometidos a las mismas exigencias de transparencia que impondrá la UE. Reclaman que se mantenga la situación actual, es decir, que los gestores de fuera de la UE tengan que pedir autorización en cada uno de los países en los que quieran operar.
La norma ha provocado también preocupación en Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Tim Geithner, escribió una carta a Salgado y Barnier en la que expresaba su "preocupación" por considerar que directiva sobre 'hedge funds' "discriminará a las empresas estadounidenses y les denegará el acceso al mercado de la UE del que ahora disfrutan".
La norma sólo se aplicará a los gestores de 'hedge funds' con una cartera de más de 100 millones de euros. Para los gestores que no recurran al apalancamiento el límite para escapar a la regulación será más alto, de 500 millones, por considerarse que no plantean un riesgo sistémico.
Para operar en la UE, los gestores de fondos de alto riesgo deberán obtener la autorización del supervisor del Estado miembro en el que estén basados y estarán sujetos a supervisión y a controles estrictos, así como a duras exigencias de transparencia. Los supervisores tendrán todos los poderes necesarios para intervenir en caso de que el apalancamiento de los fondos suponga una amenaza para la estabilidad del mercado financiero.
Los gestores que cumplan estos requisitos tendrán derecho a gestionar y vender fondos no sólo en su propio país sino en toda la UE, es decir, se beneficiarán de un pasaporte europeo. La norma incluye además restricciones a las primas salariales que cobran los gestores.