Los consejeros de Presidencia y Hacienda, Alfonso Rueda y Marta Fernández, respectivamente, han explicado a los medios que la intención del Gobierno gallego es solicitar la convocatoria de la comisión bilateral Xunta-Estado para dirimir "pacíficamente" esta cuestión.
Esta decisión es el principal acuerdo adoptado este lunes en la sesión constitutiva de la comisión que el Ejecutivo gallego ha creado para "vigilar" la normativa estatal y de otras autonomías, para preservar las competencias propias de Galicia.
El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, tendrá que convocar la comisión bilateral antes del 27 de septiembre, que es cuando finaliza el plazo de tres meses para recurrir ante el Tribunal Constitucional el FROB.
Hasta esa fecha se abren dos posibilidades. La primera de ellas que la comisión se convoque, en cuyo caso, el plazo para recurrir al TC se amplía seis meses más, y mientras tanto habrá reuniones para solucionar la cuestión. La segunda posibilidad es que el Gobierno no convoque la comisión bilateral antes del 27 de septiembre, en cuyo caso la consejera de Hacienda anunció que la Xunta recurrirá el decreto ante el TC.
Fernández recordó que el artículo 30 del Estatuto de Autonomía otorga a Galicia "competencias exclusivas" sobre cajas de ahorros, por lo que el Gobierno gallego entiende que para que se produzca una fusión o absorción de alguna de estas entidades es "preceptivo" un informe de autorización de la Xunta, una posibilidad que el FROB elimina.
La Xunta de Galicia recurrirá el FROB ante el Tribunal Constitucional
La Xunta ha advertido este lunes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) si el Gobierno no modifica el articulado del decreto que le resta a Galicia la "autorización preceptiva" para que haya fusiones y absorciones de entidades.
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