Así lo han señalado organizaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios, la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI), Facua-Consumidores en Acción y Unión de Consumidores de España (UCE).
El portavoz de CECU estatal, David Hurtado, ha opinado que el incremento es "intolerable" y está "fuera de todo lugar".
A su vez, considera que "perjudica" y "lesiona" los intereses de los consumidores, que en estos años no han recibido "ni mejoras en el servicio ni una buena atención al cliente".
También ha puesto de manifiesto el hecho de que la subida llega en el peor momento posible cuando el país atraviesa una crisis económica.
El director general de la OCU, José María Múgica, ha calificado la medida de "muy grave" y ha recordado que desde 2008 el incremento ha sido del 35,7 por ciento.
Múgica ha indicado que nadie aclaró cuáles eran los costes de transición a la competencia, que hace algunos años sirvieron para justificar un aumento del recibo de la luz, y, ahora, nadie explica cuál es el alcance del déficit tarifario que se va a compensar con el actual incremento.
El director general de la OCU también ha expresado su temor de que no se trate de la única subida en los próximos doce meses y ha recordado que desde la página en internet de la organización se recogen firmas de consumidores "hartos de que suban la luz", con las que en los próximos días pedirán al Gobierno la congelación de las tarifas.
Por parte de la CEACCU, su portavoz, Yolanda Quintana, ha indicado que el incremento, "muy grave", es "inasumible" para los consumidores.
"Estamos sorprendidos porque se han cumplido los peores augurios", ha opinado Quintana, quien ha agregado que con esta medida el Gobierno "ha concedido sus deseos a los operadores eléctricos".
"Quieren obligarnos a que los consumidores nos salgamos de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) y estemos en el mercado libre", ha señalado Quintana, quien lo ha calificado de "inaceptable".
La FUCI ha mostrado, en un comunicado, su oposición a la subida porque supone un "ataque a las economías domésticas, con más de 20 millones de hogares acogidos a la TUR".
También, estima que la subida supondrá alrededor de 50 euros más al año para un usuario medio, lo que considera "inaceptable al favorecerse los intereses de las compañías eléctricas en vez del de unos consumidores que no están viendo los beneficios que iba a traer la liberalización energética".
La organización FACUA-Consumidores en Acción ha afirmado que el incremento de las tarifas eléctricas puede ser "muy superior" al 9,8 por ciento anunciado, en función del nivel de consumo de las familias.
Tras calificar el incremento de "brutal tarifazo", la organización reclama en un comunicado "transparencia sobre la subida" y lamenta que el Gobierno "en plena crisis económica castigue la economía de las familias para satisfacer los intereses del sector energético".
Finalmente, la Unión de Consumidores de España considera "inaceptable" el incremento e insiste en la necesidad de implantar un modelo de regulación de la tarifa eléctrica "estable.
Añade, en un comunicado, que el aumento repercutirá negativamente en las economías domésticas, "ya de si afectadas por la crisis económica".
Opina también la UCE que esta subida responde a un "pacto del oligopolio vigente" en el sector energético.