A falta de 24 horas para que se conozcan los resultados de los famosos test de estrés que las autoridades europeas han realizado al sector financiero comunitario ya sabemos que España está haciendo trampas. Resulta que el Banco de España y el Gobierno han ayudado a maquillar la contabilidad de las cajas de ahorros que han iniciado procesos de fusión. Estas entidades han solicitado 10.200 millones en concepto de ayudas (el famoso rescate con dinero público, el FROB) y el dinero se contabiliza como capital, de forma que las cajas comunican a Bruselas que tienen una mayor solvencia de la real.
Lo cuenta el diario El Economista, en un reportaje que abre su edición de este miércoles titulado: "las cajas superar los test de estrés por un ardid contable". El Gobierno español quiere dar tranquilidad a los inversores extranjeros y por eso ha filtrado que los bancos y cajas de ahorros aguantarán sin problema la crisis económica. Pero no es oro todo lo que reluce en las pruebas de estrés que ha realizado Europa. Los criterios de contabilidad no reflejan la realidad real de las entidades, al no valorar de forma adecuada todos los activos que tienen los bancos y cajas en sus balances.
De hecho, y aunque la quiebra está totalmente descartada, estudios privados como los realizados por el banco UBS consideran que "los bancos son incapaces de proveer de préstamos, por lo que el actual colapso del crédito continuará durante años". De esta forma podemos estar en un escenario a la japonesa en el que el crecimiento sea significativamente menor que el de la media del euro".
De momento, tras el anuncio de Salgado, estamos a la espera de que mañana se publiquen los resultados definitivos de estas pruebas de resistencia, y el mercado no se fía: Si los test de estrés ponen de manifiesto que bancos y cajas de ahorros necesitan entre 15.000 y 20.000 millones de euros para recapitalizarse, los inversores podrían ver las cifras demasiado escasas, lo que haría perder credibilidad al proceso.
Por el contrario, si las necesidades son mayores (entre 50.000 y 60.000 millones de euros), podrían despertar la inquietud de los inversores respecto a la capacidad del Estado español de financiar el rescate, a través del famoso FROB, cuya ampliación ha solicitado ya España a Bruselas.
El diario Expansión prefiere centrarse en las nuevas exigencias de capital que deberán tener las cajas tras la reforma europea de Basilea III. En este línea titula a toda página que "las cajas presionan a la UE para blindar sus participadas". Y es que este tipo de entidades tendrán problemas cuando pase la tormenta financiera, ya que no son bancos y no pueden financiarse en el mercado. Además, están gestionadas por partidos políticos y sindicatos, lo que les resta profesionalidad y transparencia, justo lo contrario de lo que pide Bruselas.
Pero lo más destacable de la portada del diario de Unidad Editorial es el artículo sobre la reforma laboral que se tramita en el Congreso. El periódico titula: "las empresas con problemas podrán esquivar el convenio", es decir, que las compañías que tengan graves problemas tendrán la facultad de no aplicar las condiciones del documento que negocian cada año los representantes de los comités de empresa, sindicalistas que viven a cuerpo de rey a costa de sus compañeros de trabajo. Esto sería una gran noticia si no fuera porque no es cierto. Cuando se lee la información se descubre que no hay nada nuevo bajo el sol y que el PSOE mantiene el poder sindical en la enmienda presentada.
Sin que sirva de precedente, Cinco Días acierta más en el diagnóstico, al señalar que "CiU pide que las causas del despido objetivo se pacten en los convenios". El diario explica que "los grupos parlamentarios presentaron ayer sus enmiendas parciales a la reforma laboral. En contra de muchas expectativas, el PSOE no concretó las causas económicas para el despido objetivo, pero CIU -que presentó la reforma alternativa más completa- propone que dichas causas se fijen en los convenios colectivos."
No se preocupen que les pongo en situación. La reforma diseñada por el Gobierno deja sin definir las causas del despido objetivo, ya que hacerlo supondría perder aún más apoyos en el electorado socialista, que ya está que trina tras la bajada del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones. Este aspecto era la clave de la reforma y lo que había provocado que los sindicatos se alejasen del Gobierno.
Pues biern, el texto del Real Decreto que ahora se negocia en el Congreso incorpora una novedad, las empresas podrán aducir causas económicas para despedir a un trabajador, algo que hasta ahora estaba reservado a los despidos colectivos (ERE). Pero ¿cuáles serán estas causas?
La expresión que ha utilizado el Gobierno es que la empresa podrá despedir en caso de una "situación económica negativa", pero sin aclarar qué quiere decir con esto. Será un juez de lo Laboral el que determine cuando un despido objetivo está justificado; algo que alarga el proceso, judicializa la relación laboral e introduce incertidumbre en las decisiones empresariales. Los diputados tendrán que arreglar este desaguisado y por eso se han quedado este verano en el Congreso.
Todo depende del cálculo político, CiU tiene la sartén por el mango y el PSOE está dispuesto a apoyar las enmiendas de los nacionalistas catalanes a cambio de que salven los Presupuestos el próximo otoño.