Los presidentes de las grandes constructoras cotizadas han expresado su "total disposición" a reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar el recorte aplicado en la obra pública, el día que se les proponga desde el Palacio de la Moncloa, según fuentes empresariales.
Las compañías recibieron un aviso de Presidencia del Gobierno indicándoles que la reunión que tenían previsto celebrar el próximo miércoles, día 18, quedaba aplazada "sine díe" por motivos de agenda.
Las empresas consultadas por Europa Press dejaron claro que el aplazamiento del encuentro no ha sido a propuesta de las compañías, que difícilmente pueden alegar "motivos de agenda" o el disfrute de unos días de vacaciones por parte de alguno de sus máximos ejecutivos como razones de peso para justificar el rechazo a mantener una reunión con el presidente del Gobierno, y máxime ante las dificultades que afronta el sector derivadas de la crisis económica, del recorte de la inversión en 6.400 millones en 2010 y 2011 y de la crítica situación de los ayuntamientos, explicaron.
La versión de Moncloa, recogida por El País, alega que fueron las constructoras quienes pidieron aplazar el encuentro para no parecer, apuntan, "pedigüeños" con el Gobierno. Descartan, pues, que fuera la filtración de la noticia la que llevara a Zapatero, como ya pasó con su cita con Tomás Gómez, a suspender el encuentro.
Fuentes empresariales insisten en que de ellas no partió el aplazamiento: "Las compañías llevamos una semana preparando la reunión", subrayaron las mismas fuentes que, no obstante, no quisieron entrar en la polémica de a quién hay que imputarle la responsabilidad por el aplazamiento del encuentro, que en un principio tenía carácter privado pero cuya existencia reconoció Moncloa tras ser difundido por El Confidencial.
Los empresarios que estaban convocados al encuentro del miércoles eran el presidente de ACS, Florentino Pérez; al de Acciona, José Manuel Entrecanales; al de Ferrovial, Rafael del Pino; al de FCC, Baldomero Falcones, el de Sacyr, Luis del Rivero, y el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.
Fuentes empresariales indicaron que las compañías pretenden solicitar al presidente del Ejecutivo que se introduzcan criterios de flexibilidad en el recorte inversor de 6.400 millones dictado por Fomento, porque estiman que las suspensiones de proyectos provocarán un "daño tremendo" al sector, dejándole inerme ante una medida de este calado en un contexto de crisis económica y dificultad de acceso al mercado crediticio.
Las constructoras ya solicitaron a finales de julio al Gobierno un plan para ordenar y ayudar al sector en la "importante" reestructuración a la que se verá abocado ante el recorte de inversión en obra pública de 6.400 millones de euros anunciado por el Ministerio de Fomento.
En concreto, las patronales del ramo pidieron también ayudas fiscales o crediticias a través del ICO, para que las empresas afronten las tensiones de liquidez y los problemas de solvencia que puede provocar en el corto plazo la suspensión y aplazamiento de contratos por parte del departamento que dirige José Blanco.