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Las low cost piden a la UE que investigue las ayudas públicas que recibe Spanair

La Asociación Europea de Aerolíneas de Bajo Coste (Elfaa) ha remitido una comunicación a la Comisión Europea en la que solicita que se investiguen posibles ayudas de Estado a algunas aerolíneas, entre las que se encuentra Spanair.

Asimismo, esta asociación, en la que participan Ryanair, Easyjet y Vueling, pide que se investigue también a la húngara Malev, la escandinava SAS (accionista de Spanair) y la checa CSA.

Según las "low cost", a pesar de estar expuestas a las mismas presiones de costes que sus competidores, las aerolíneas de bajo coste no reciben ayudas públicas. "Este es el motivo por el que esperamos que la Comisión se asegure de eliminar las serias distorsiones a la competencia que podrían derivarse de estas ayudas", explica el secretario general de Elfaa, John Hanlon.

Esta misiva es la segunda que envía esta asociación a la Comisión Europea. La primera se remitió hace cinco meses y denunciaba ya los casos de Spanair, Malev y SAS. Desde entonces, según Elfaa, se han seguido dando ayudas públicas a SAS, Spanair y Malev. Por su parte, CSA ha recibido un préstamo de 94 millones de euros de la República Checa.

Elfaa estima que el montante total de estas subvenciones supuestamente prestadas por estos gobiernos asciende a 1.160 millones de euros.

"Este escandaloso despilfarro de dinero público se produce en un momento en que las economías europeas no pueden permitirse esta generosidad", indica Hanlón, quien agrega que "Elfaa espera que estos casos sean investigados de tal manera que se pueda reparar esta situación si se demuestra que contraviene las normas de la UE".

Spanair (adquirida hace un año por un grupo de empresarios e instituciones catalanas) cerró recientemente un crédito de cerca de 80 millones de euros. La mitad de este dinero procede de un crédito sindicado liderado por "la Caixa" y en el que participan Banco Popular, Santander, Banesto, Sabadell, BBVA, Caixa Catalunya y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Por otro lado, el Institut Català de Finances (ICF), la agencia crediticia de la Generalitat, garantizó mediante un aval la aportación de los otros 40 millones.

Esta nueva denuncia de las compañías de bajo coste se produce pocos días después de que Air France-KLM denunciara ante Bruselas las ayudas que recibe Ryanair de gobiernos autonómicos y locales para volar a determinados aeropuertos.

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