(Libertad Digital) La Unión Profesional afirma, a través de un comunicado, que el informe de la Comisión Nacional de la Competencia no tiene en cuenta la garantía institucional de las profesiones colegiadas y la doctrina legal más autorizada del artículo 36 de la Constitución Española. Además, afirma el informe afecta a los pilares básicos del actual ejercicio de las profesiones colegiadas por lo que requiere de un análisis y valoración pausado que revele las verdaderas implicaciones que de él se puedan derivar.
Según el comunicado emitido por esta asociación que afirma representar a las profesiones liberales españolas, durante la elaboración del Informe no han sido oídos los representantes de los colegios, y su contenido no se corresponde con el anuncio del Gobierno de Impulsar la Ley de transposición de la directiva de servicios y la Ley de servicios profesionales.
A su juicio, la directiva de Servicios considera a los colegios profesionales la autoridad competente para las trascendentales funciones de ordenación y control profesional considerándolas interlocutores imprescindibles de la Comisión Europea.
La Unión Profesional considera que el informe de la CNC modifica la ordenación y control del ejercicio profesional en España e incide no sólo en el millón y medio de profesionales ejercientes, sino también en los futuros profesionales y en los usuarios de los servicios. En este sentido, recuerda que la reforma que se emprenda no se puede hacer de espaldas de los intereses de los ciudadanos, e incide en que el interés general preside actualmente las actuaciones de los colegios profesionales.
Por todo ello, el presidente de Unión Profesional convocará en los próximos días a su Asamblea General con el fin de debatir y analizar interna y profundamente el Informe.
El presidente de Unión Profesional espera que se mantenga la necesaria interlocución con los responsables de impulsar la normativa que afecta al sector profesional y colegial, de acuerdo a las propias palabras del presidente del Gobierno en su comparencia en el Congreso del día 10 de septiembre, a fin de obtener el resultado que mejor se corresponda con el interés de los ciudadanos, justificación última de su existencia.