LD (EFE) Las peticiones que contiene el escrito se basan en "nuevos hechos" relacionados con una carta enviada por el arquitecto Pedro Sentieri al constructor Julio San Martin, en la que supuestamente ambos pactaban su actuación contra "los Albertos".
La aparición de esta carta está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid , al que fue remitido este mes un informe pericial de la Guardia Civil que, junto a otro de la Policía Nacional conocido antes, estimó como verdadera la firma de Sentieri que figuraba en la carta, aunque no pudo certificar si la firma había sido estampada antes o después de la impresión del contenido de la carta.
Otra misiva, encontrada por el arquitecto Pedro Sentieri en el casillero de un hotel en el que se hospedaba, cuya autoría fue atribuida al administrador de KIO, Richard Robinson, fue decisiva para que el Tribunal Supremo condenara a "los Albertos" en marzo de 2003. El escrito presentado este miércoles por el abogado Ignacio Peláez, que defiende a Cortina y a Alcocer, indica que el documento por el que fueron condenados los empresarios era "una simple fotocopia" de una carta fechada el 23 de noviembre de 1987, que fue considerado "falso" por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid.
Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados en marzo de 2003 por el delito de falsedad documental , relacionado con la supuesta manipulación de esta última misiva, y estafa, al negociar la venta de Urbanor y obtener por su participación un precio que duplicaba el recibido por los socios minoritarios (entre ellos San Martín y Sentieri). Cortina y Alcocer actualmente están en libertad a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentaron , referente a la vulneración de sus derechos constitucionales en el proceso por el que fueron condenados.
Los "Albertos" –que tuvieron que abandonar la presidencia del Banco Zaragozano tras su condena– no han llegado a entrar en prisión en ningún momento , aunque sí han tenido que afrontar las consecuencias económicas de la condena, por valor de unos 48 millones de euros. El caso Urbanor data de 1987, cuando la sociedad del mismo nombre vendió los terrenos donde posteriormente se construyeron las Torres KIO en Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid, que juzgó el caso en primera instancia, exculpó en enero de 2001 a los financieros al considerar que los delitos que se les imputaban habían prescrito y pese a considerar probados los mismos.
La aparición de esta carta está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid , al que fue remitido este mes un informe pericial de la Guardia Civil que, junto a otro de la Policía Nacional conocido antes, estimó como verdadera la firma de Sentieri que figuraba en la carta, aunque no pudo certificar si la firma había sido estampada antes o después de la impresión del contenido de la carta.
Otra misiva, encontrada por el arquitecto Pedro Sentieri en el casillero de un hotel en el que se hospedaba, cuya autoría fue atribuida al administrador de KIO, Richard Robinson, fue decisiva para que el Tribunal Supremo condenara a "los Albertos" en marzo de 2003. El escrito presentado este miércoles por el abogado Ignacio Peláez, que defiende a Cortina y a Alcocer, indica que el documento por el que fueron condenados los empresarios era "una simple fotocopia" de una carta fechada el 23 de noviembre de 1987, que fue considerado "falso" por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid.
Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados en marzo de 2003 por el delito de falsedad documental , relacionado con la supuesta manipulación de esta última misiva, y estafa, al negociar la venta de Urbanor y obtener por su participación un precio que duplicaba el recibido por los socios minoritarios (entre ellos San Martín y Sentieri). Cortina y Alcocer actualmente están en libertad a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentaron , referente a la vulneración de sus derechos constitucionales en el proceso por el que fueron condenados.
Los "Albertos" –que tuvieron que abandonar la presidencia del Banco Zaragozano tras su condena– no han llegado a entrar en prisión en ningún momento , aunque sí han tenido que afrontar las consecuencias económicas de la condena, por valor de unos 48 millones de euros. El caso Urbanor data de 1987, cuando la sociedad del mismo nombre vendió los terrenos donde posteriormente se construyeron las Torres KIO en Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid, que juzgó el caso en primera instancia, exculpó en enero de 2001 a los financieros al considerar que los delitos que se les imputaban habían prescrito y pese a considerar probados los mismos.