Los constructores piden que el Gobierno compre las viviendas embargadas

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, dijo este miércoles que el excedente de vivienda, unos 600.000 inmuebles según el Gobierno, no comenzará a venderse hasta el primer trimestre de 2010.

Durante la inauguración del encuentro nacional del sector de la construcción, Lazcano indicó que los constructores no volverán a tener un stock de vivienda similar al que tenían en 2005 -menos de 100.000 inmuebles- hasta finales de 2012.

El presidente de los constructores augura que 2009 será "un ejercicio complicado", teniendo en cuenta "la mala evolución de los indicadores adelantados", que pronostican una caída interanual del 12,8 por ciento de la inversión en el sector de la construcción este año, en el que apenas se comenzarán a edificar 100.000 viviendas.

Con el objetivo de paliar el parón de la actividad tanto en el sector residencial como en el de la obra pública, el presidente de la CNC propuso medidas de política fiscal y de inversión, durante la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y por Deloitte.

En referencia al sector residencial, el presidente de los constructores manifestó la necesidad de activar la demanda de vivienda, al tiempo que consideró que el cambio de modelo del sector no debe suponer una reducción drástica de la actividad sino un equilibrio en las cuotas de participación de la edificación de obra nueva y la rehabilitación.

"El sector de la construcción, en términos agregados, debe representar un peso en el PIB nacional del orden de la media de la UE-27, que en los últimos años oscila en torno al 10 por ciento", señaló Lazcano.

Respecto al nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, Lazcano echó de menos "ayudas directas o más incisivas para reducir el stock", como la adquisición por parte del Gobierno de los activos inmobiliarios en manos de las entidades financieras a precios públicos, para destinarlos al alquiler.

En el caso de las infraestructuras, Lazcano apostó por activar el ritmo de las obras en ejecución e impulsar una licitación de choque en 2009 sobre proyectos ya redactados, al tiempo que incidió en la necesidad de licitar, a partir de 2010, actuaciones que puedan financiarse con inversión público-privada.

El incremento adicional de la inversión para el periodo 2009-2012 equivalente, como mínimo, a la reducción de los fondos europeos (22.000 millones de euros), así como recurrir a los contratos de obra bajo la modalidad de pago aplazado, son elementos esenciales para reanudar la obra pública, según Lazcano.