LD (Agencias) La nueva directiva sobre peajes había enfrentado durante más de 20 meses a los Estados miembros periféricos (España, Portugal, Grecia o Italia), que temían un encarecimiento de los costes de importación y exportación de sus mercancías, con los países de tránsito (Alemania, Austria y Francia), que buscaban limitar los problemas de congestión y medioambientales con nuevas tasas. Los Veinticinco intentaron un acuerdo hasta en tres ocasiones durante 2004 y las tres se saldaron en fracasos.
El compromiso final se logró por amplia mayoría después de que la presidencia aceptase, a petición de Italia y España, aumentar la tasa de descuento en los peajes a los usuarios frecuentes de las infraestructuras del 12 al 13 por ciento. Sólo votaron en contra del acuerdo Portugal, Malta, Finlandia y Estonia, que argumentaron que la normativa tendrá como efecto un aumento del coste del trasporte por carretera y penalizará la competitividad de las exportaciones de los países periféricos. También se opuso Bélgica por razones de política interna.
Por parte de España, el secretario general de Transportes, Fernando Palao, se expresó a favor del compromiso porque se habían aceptado reivindicaciones españolas como los descuentos para usuarios frecuentes o la exclusión de los costes externos, como los medioambientales, en el cálculo de los peajes. No obstante, reconoció que España había realizado "concesiones importantísimas", especialmente al aceptar recargos en las zonas montañosas. Por ello reclamó que se tenga en cuenta el "esfuerzo" que la nueva norma supondrá para los países periféricos y destacó que será necesario "medir" sus efectos en el sector del transporte por carreteras, "que ya pasa por dificultades por la subida de los precios de los carburantes".
Los Estados miembros que quieran implantar un nuevo sistema de peaje estarán obligados a informar al Ejecutivo comunitario con un mínimo de 4 meses de antelación, y éste deberá dictaminar si se ajusta a la directiva de tarificación de infraestructuras. Asimismo, los Veinticinco supervisarán los diferentes sistemas para asegurarse de que funcionan de forma transparente y no discriminatoria.
FENADISMER se opone rotundamente
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER, considera que estos peajes son arbitrarios, discriminatorios y perjudiciales para la competitividad de las exportaciones españolas y estudia plantear recursos judiciales en caso de que sea aprobada por el Parlamento europeo. FENADISMER rechaza que cada Estado europeo imponga de manera arbitraria un canon o tasa por el uso de sus infraestructuras, lo que, a su juicio, vulnera el principio de libre circulación de mercancías consagrado en el Tratado de la Unión Europea, y menos aún, que lo recaudado no sólo no se dedique a la mejora y realización de nuevas infraestructuras para la carretera, sino que se pretenda costear las infraestructuras ferroviarias.
Asimismo, la Federación considera que este peaje es discriminatorio porque sólo va a ser pagada por los vehículos de transporte de mercancías y no por los restantes vehículos que hacen uso de dicha infraestructura, lo que será muy perjudicial para la competitividad de los productos españoles que se exportan a Europa, ya que son productos de poco valor intrínseco en los que su precio final se encarecerá por el impacto que sobre el transporte producirá el nuevo peaje, por lo que dichos productos perderán competitividad