La idea es compensar a los viajeros en caso de retraso o cancelación del viaje con una cantidad equivalente al 25% del precio del billete como mínimo y al 50% como máximo en función de la duración de la espera y del trayecto.
Siempre que el retraso o la cancelación dure más de dos horas, los afectados deberán recibir de forma gratuita comida y bebida y en caso de que se vean obligados a pasar la noche en tierra a la espera de poder embarcar serán alojados a cuenta de la compañía.
No obstante, el gasto máximo en alojamiento que cubrirá el operador marítimo será de 120 euros por pasajero, un límite introducido para tranquilizar a países como Alemania que insistían en que estas medidas dispararán los costes para las empresas.
Las embarcaciones más pequeñas quedarán excluidas del ámbito de aplicación de la media.
Así, sólo estarán obligados a compensar por retraso o cancelación los barcos con capacidad para más de 36 pasajeros, los que presten servicios de larga distancia y los que tengan una tripulación de más de tres miembros.
Los ministros acordaron también que las compañías no estén obligadas a asistir al pasajero en su espera -comida, bebida y alojamiento- en caso de retraso o cancelación por fuerza mayor.
Varios países insistieron en que no tener en cuenta esta circunstancia resultaría demasiado caro para las compañías y pondría en peligro la seguridad del pasajero.
Tras el acuerdo político alcanzado, los gobiernos tendrán que negociar con el Parlamento Europeo (PE), que ya se pronunció sobre la medida en primera lectura el pasado mes de abril.