Según un comunicado de CCOO y UGT, el documento también señala como prioridad establecer una agenda del cambio climático para la construcción de una economía europea "verde", desarrollar una economía social de mercado y que la libertad de circulación de los trabajadores no se utilice para erosionar sus derechos.

Ante la crisis, el CES advierte de que sería "un error" retirar las medidas públicas de estímulo de la demanda antes de que la recuperación sea una realidad "sólida".

Además, para crear más empleos, propone un Plan de inversiones europeas por el 1% del PIB anual durante tres años, en nuevas tecnologías "ecológicas y sostenibles" y servicios públicos "fundamentales".

Asimismo considera que para la presidencia española debe ser prioridad la regulación de los mercados financieros por medio del establecimiento de un impuesto sobre las transacciones, acabar con los paraísos fiscales, restaurar la justicia fiscal o impulsar una directiva que establezca una base común para los impuestos a las empresas.

También reclama que se instaure un instrumento europeo para regular la responsabilidad "conjunta y solidaria" de las empresas y los intermediarios, especialmente en lo referido al pago de impuestos, las cotizaciones a la Seguridad Social y los salarios.

En materia de salud y seguridad en el trabajo, pide que se impulsen dos normas relativas a trastornos musculoesqueléticos y exposición a sustancias cancerígenas y tóxicas, en las que considera que se ha avanzado "muy poco".

En cuanto a la negociación colectiva, considera que debe plantearse un estatuto jurídico y en materia de inmigración la CES pide que la UE adopte un enfoque integral sobre la política de migraciones basada en la igualdad de trato.

En materia energética propone elaborar un Libro Blanco sobre cambio climático, la creación de un Fondo europeo de ajuste del empleo y la adopción de una política energética europea.

Entre otras iniciativas, también plantean cuestiones relacionadas con el comercio, o sociales, como la conciliación de la vida laboral y familiar, el permiso parental, y la revisión de la directiva sobre las embarazadas.