Zapatero imita a Solchaga: amenazará a los evasores para que compren deuda

El Gobierno podría estar elaborando un plan de regularización fiscal con el objetivo de recaudar el dinero evadido y recuperar la economía sumergida para financiar la deuda pública a coste más barato y contribuir a la reducción del déficit, según publica este lunes el diario El Mundo. El Gobierno pretendería así repatriar el dinero evadido al extranjero y hacer aflorar el dinero negro generado en España.

Sin embargo, más que una amnistía fiscal, se trataría más bien de un nuevo mecanismo de presión en el que, en lugar de aplicar las correspondientes sanciones, los defraudadores serían amenazados por el Fisco para que el dinero negro descubierto sea invertido en la compra de deuda pública española.

Tal y como recuerdan los técnicos de Hacienda (Gestha) en un comunicado publicado este lunes, tras la dimisión de Miguel Boyer en julio de 1987, fue nombrado como ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, quien en 1991 intentó aflorar el dinero negro mediante la suscripción de deuda pública especial a bajo interés y cautiva durante seis años, plan que duró hasta el 28 de junio de 1997.

En dicho momento y ante la falta de suscriptores interesados, Hacienda elaboró un plan de inspecciones masivas para vender la deuda. Los investigados tenían dos opciones, pagar las cuotas descubiertas, intereses y sanciones, o suscribir deuda pública especial por el importe de las bases imponibles descubiertas.

El resultado fue que la inmensa mayoría de los investigados prefería suscribir deuda antes que pagar (salvo que pudiera compensar partidas negativas de años anteriores). Así, unos 80.000 investigados suscribieron deuda especial por 4.500 millones de euros, explicó el sindicato.

Así pues, de este modo Zapatero estudia imitar el Plan Solchaga que, bajo el título de amnistía fiscal, en realidad esconde la posibilidad de colocar deuda pública a los defraudadores que sean cazados por Hacienda. En este sentido, el Gobierno aprobó el pasado marzo el nuevo Plan Antifraude, cuyo objetivo se centra ahora en perseguir, especialmente, la economía sumergida y el trabajo no declarado (evasión de cotizaciones sociales).

Gestha explicó que la aplicación de esta supuesta amnistía provocaría un aumento de las responsabilidades de los técnicos para que puedan recaudar 38.000 millones de euros anuales procedentes de la economía irregular, y situar así a España en la tasa sumergida media de la Unión Europea.

Según los datos aportados por Gestha, en 2009 la economía sumergida de origen fiscal ha ido aumentando progresivamente desde 1985, momento en el que sumaba el 17,2% del PIB, hasta el 23,3% del PIB en que se situó en 2009.

El secretario general de Gestha, José María Molinero, explicó en declaraciones a Europa Press que durante la última década España "ha pasado por alto el control de la economía sumergida porque el dinero iba entrando".

Molinero señaló que los 38.000 millones de euros que España ha dejado de ingresar anualmente por no controlar el fraude fiscal, 25.000 millones de euros correspondían a impuestos y los 13.000 restantes a cuotas a la seguridad social.

Por otro lado, el sindicato alertó de que una amnistía fiscal de este tipo sería "discriminatoria" respecto a quienes sí han pagado sus impuestos y recordó que sólo las personas o sociedades investigadas por fraude fiscal llegan a suscribir la deuda.

Salgado lo desmiente

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, desmintió este lunes que el Gobierno esté preparando un plan de amnistía fiscal para repatriar dinero evadido al extranjero y dinero negro en España. Salgado destacó que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha un plan "muy ambicioso" de lucha contra el fraude fiscal.

"No existe ningún plan parecido a eso, en absoluto", aseguró Salgado al ser preguntada por una posible iniciativa del Gobierno para aflorar dinero negro sin sancionar a los defraudadores, obligándoles únicamente a suscribir deuda pública a precio inferior al de mercado.

La vicepresidenta económica resaltó que el Gobierno ha puesto en marcha "un plan muy ambicioso de lucha contra el fraude fiscal", con una parte "sancionadora", pero también una parte "preventiva" cuyo objetivo es "tratar de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales" a las grandes empresas y a todos los contribuyentes.

"Esa es una parte muy importante de la lucha contra el fraude", subrayó Salgado. "Espero que el presidente de la Agencia Tributaria pueda comparecer en un plazo breve para decir cómo está yendo ese plan de prevención del fraude fiscal", dijo.