LD (EFE) En un auto fechado el pasado 23 de marzo, el juez Pablo González Carreró argumenta que, "en la coyuntura actual del mercado inmobiliario, la salida convencional del concurso pasa necesariamente por dilatarla dentro de los límites razonables".
Recuerda que Martinsa-Fadesa ha aportado el informe preceptivo del Ministerio de Economía, que "no contiene objeciones a la concreta superación del plazo máximo de espera que aquí propone la concursada, con apoyo en su plan de viabilidad".
El plan de pagos contempla la devolución en ocho años de sus 7.005 millones de euros de deuda, de los que el 10% se pagaría en los tres primeros años , lo que permite "centrar los esfuerzos de la compañía en la conservación, consolidación y realización gradual de los activos a medida que se produzca la recuperación del mercado inmobiliario", valora el juez de A Coruña.
"Como es lógico, las previsiones del plan de viabilidad sobre la evolución del mercado en los próximos años -cuatro años de ajuste entre el exceso de la oferta y la demanda y otros tres de consolidación- pueden no cumplirse, pero lo que sí está claro es que en la situación actual, agotada la capacidad financiera de la empresa, no es razonable comprometer el pago total o parcial de los créditos concursales dentro del plazo de cinco años", añade.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de la Coruña considera además que el hecho de que se supere el plazo legal para devolver la deuda se compensa "con el pago íntegro de los créditos concursales y con la previsión de abono de intereses a tipos de mercado, susceptibles de conversión en préstamos participativos"
Asimismo, destaca que las previsiones de ventas de activos que contempla la inmobiliaria para atender el plan de pagos son "selectivas" y "no implican en este caso una liquidación global del patrimonio de la concursada, sino pautas de realización de la propia actividad mercantil a la que se dedica".
Respecto al informe del Ministerio de Economía , el juez recuerda que el documento destaca aspectos de relevancia de Martinsa antes de entrar en concurso, como su capitalización bursátil, su facturación y el número de trabajadores empleados, "sustancialmente reducido tras la declaración de concurso como consecuencia del expediente de extinción colectiva ya aprobado -y otro en tramitación-".
El informe del Ministerio de Economía ha sido duramente criticado por los pequeños acreedores debido a su ambigüedad, ya que, aunque pone de relieve algunos aspectos destacados de la inmobiliaria, sostiene que "no es posible concluir" que la situación de Martinsa-Fadesa, en concurso de acreedores desde mediados de julio de 2008, "genere riesgos sistémicos que puedan afectar al conjunto de la economía española".
Recuerda que Martinsa-Fadesa ha aportado el informe preceptivo del Ministerio de Economía, que "no contiene objeciones a la concreta superación del plazo máximo de espera que aquí propone la concursada, con apoyo en su plan de viabilidad".
El plan de pagos contempla la devolución en ocho años de sus 7.005 millones de euros de deuda, de los que el 10% se pagaría en los tres primeros años , lo que permite "centrar los esfuerzos de la compañía en la conservación, consolidación y realización gradual de los activos a medida que se produzca la recuperación del mercado inmobiliario", valora el juez de A Coruña.
"Como es lógico, las previsiones del plan de viabilidad sobre la evolución del mercado en los próximos años -cuatro años de ajuste entre el exceso de la oferta y la demanda y otros tres de consolidación- pueden no cumplirse, pero lo que sí está claro es que en la situación actual, agotada la capacidad financiera de la empresa, no es razonable comprometer el pago total o parcial de los créditos concursales dentro del plazo de cinco años", añade.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de la Coruña considera además que el hecho de que se supere el plazo legal para devolver la deuda se compensa "con el pago íntegro de los créditos concursales y con la previsión de abono de intereses a tipos de mercado, susceptibles de conversión en préstamos participativos"
Asimismo, destaca que las previsiones de ventas de activos que contempla la inmobiliaria para atender el plan de pagos son "selectivas" y "no implican en este caso una liquidación global del patrimonio de la concursada, sino pautas de realización de la propia actividad mercantil a la que se dedica".
Respecto al informe del Ministerio de Economía , el juez recuerda que el documento destaca aspectos de relevancia de Martinsa antes de entrar en concurso, como su capitalización bursátil, su facturación y el número de trabajadores empleados, "sustancialmente reducido tras la declaración de concurso como consecuencia del expediente de extinción colectiva ya aprobado -y otro en tramitación-".
El informe del Ministerio de Economía ha sido duramente criticado por los pequeños acreedores debido a su ambigüedad, ya que, aunque pone de relieve algunos aspectos destacados de la inmobiliaria, sostiene que "no es posible concluir" que la situación de Martinsa-Fadesa, en concurso de acreedores desde mediados de julio de 2008, "genere riesgos sistémicos que puedan afectar al conjunto de la economía española".