(Libertad Digital) La reordenación del sector de las cajas de ahorros españolas no tendrá un impacto menor en las cuentas públicas, como defiende el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes. Al menos eso considera el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, para quien la reestructuración de estas entidades tendrá "proporciones muy peligrosas" para las arcas del Estado.

Montoro aseguró que posee estimaciones elaboradas por instituciones ajenas a su partido, cuya procedencia no mencionó, que hablan de la necesidad de hasta 200.000 millones de euros. "Agárrense que vienen curvas en cuanto a las cifras que vamos a necesitar", incidió.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Montoro insistió en que el PP no hace previsiones propias y recordó varios de los cálculos que se han ido publicando en los últimas días, que oscilaban entre los 40.000 y los 60.000 millones de euros, si bien señaló que el Banco de España "siempre dirá que es la mitad". Aún así, recalcó que el coste final dependerá de la gravedad de la crisis financiera.  

"No les oculto que yo tengo hasta estimaciones de otros que hablan de hasta 200.000 millones", señaló Montoro, quien destacó que sólo para la intervención de Caja Castilla-La Mancha, que supone sólo el 0,8% del sistema, necesita un aval de hasta 9.000 millones. Asimismo, recordó en que "nadie advirtió hasta una hora antes" al PP de la intervención.

España no tiene recursos suficientes

Montoro se reafirmó en que se producirán más intervenciones y aseguró que "no hay analista que diga que el caso se queda en CCM", algo que también suscribe, a su juicio, el gobernador del Banco de España. Asimismo, alertó contra el excesivo endeudamiento del Estado para costear este proceso, pues perjudicará la concesión de créditos a familias y empresas.

"Tenemos que decirles a los ciudadanos que no hay recursos para todo", señaló el diputado, que exigió al Gobierno una hoja de ruta ordenada para abordar este proceso.

El Informe Recarte: las pérdidas alcanzarán los 100.000 millones

Precisamente, el Informe Recarte 2009 revela que el crédito concedido a los promotores se ha multiplicado por 12 en apenas 15 años, en pleno boom de la vivienda. De este modo, la exposición de los bancos y las cajas de ahorro españolas a la crisis inmobiliaria alcanzó el 60% de sus créditos en 2007. De hecho, las cajas son las más expuestas, con más del 70% de sus créditos concentrado en el ladrillo, frente al 50% de los bancos.

En concreto, el sector promotor debe a la banca alrededor de 315.444 millones de euros. En la actualidad, la banca trata de refinanciar a las grandes inmobiliarias para no contabilizar estos créditos como morosos y evitar así tener que aumentar provisiones. Sin embargo, las pequeñas promotoras representan probablemente más del 50% del total de préstamos concedidos al sector.

Mientras, los fondos propios (capital) del conjunto de entidades financieras que operan en España alcanza en total 175.000 millones de euros, al tiempo que su financiación a largo plazo suma otros 50.000 millones. Éste es, precisamente, el colchón que "tiene la banca española para soportar la actual crisis", explica Alberto Recarte.

Llegados a este punto, la clave radica en saber qué volumen de activos resultará finalmente impagado. En este sentido, El Informe Recarte 2009 indica que no es imposible que los créditos en mora alcancen el 13% del total del activo (créditos), unos 240.000 millones, si la parálisis de ventas inmobiliarias continúa un par de años más.

Aunque resulta difícil hacer predicciones al respecto, es posible que algo menos del 30% de los créditos concedidos a los promotores puedan entrar en mora, lo que equivaldría a 95.000 millones de euros, añade la obra. Unos activos inmobiliarios que, en todo caso tienen un valor. Aunque, eso sí, muy inferior al valor de tasación que se les asignó en el momento de la concesión del préstamo. En este sentido, tales activos "quizá" valgan entre un 60-70% si se trata de viviendas y sólo un 20-30% si se trata de suelo urbano.

En este caso, "si con el paso del tiempo, tras tres, cuatro o seis años, la banca consiguiera vender las viviendas que se haya adjudicado por la ejecución de las garantías hipotecarias en un 70% de su valor crediticio y también suelo, aunque recuperando sólo un 20% del valor que se les atribuyó en su momento para otorgar créditos, podemos estar hablando de pérdidas totales de alrededor de 40.000 millones en la liquidación de las viviendas y de más de 50.000 millones en las ventas finales de suelo adjudicado. En total, alrededor de 100.000 millones de euros", avanza la obra.