El grupo parlamentario que conforman ERC, Izquierda Unida e ICV advirtieron hoy al Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados de que ven "inaceptable" el decreto ley que regula las ayudas de 420 euros a parados que han agotado su derecho a prestación por desempleo, y avanzaron su voto negativo a no ser que la cobertura de la prestación se amplíe con carácter retroactivo hasta el 1 de enero.
En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, señaló que ha mantenido un "breve contacto" con el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, a quien trasladó que sólo podrá contar con su apoyo si el texto se tramita como proyecto de ley, incluyendo una "ampliación substancial" de la cobertura que vaya más allá de la oferta "cicatera" del Gobierno de extender la aplicación al 1 de junio.
"Hemos planteado que la cobertura debe ser la inmensa mayoría, no el 40%; calculamos que fijando el 1 de enero como el punto de partida se alcanzaría el 85%", aseguró el parlamentario de izquierdas, quien reclamó además que las ayudas sean complementarias a la renta de inserción que ofrecen algunas comunidades autónomas, en línea con lo propuesto hace unos días por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
"Actitud limosnera"
Según Llamazares, la posibilidad de negociar las posibles modificaciones del decreto tramitándolo como proyecto legislativo es "bien vista" por los socialistas, si bien el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se negó a esta posibilidad la pasada semana, pues supondría un retraso de varios meses para la aplicación de la medida.
En cualquier caso, Llamazares señaló que el Gobierno tiene hasta la fecha de votación del decreto en Pleno, el próximo 17 de septiembre, para decidir si quiere sacar adelante una "verdadera norma" de protección ambiciosa o seguir con su "actitud limosnera".
"Ni siquiera como mal menor"
Por su parte, su compañero de grupo parlamentario y portavoz de ERC, Joan Ridao, aseguró que no está en condiciones de apoyar la medida "ni siquiera como mal menor" si el Gobierno "no da su brazo a torcer" y sigue manejando el 1 de junio como fecha de inicio de las ayudas.
"No dudamos de la bondad de las propuesta, pero nuestra posición no ha variado y el que tiene que mover ficha es el Gobierno", señaló el dirigente republicano, quien recordó que el Ejecutivo no cuenta con "apoyos claros" en las Cortes.