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Nuclenor recurre la decisión del Gobierno de cerrar Garoña en 2013

El titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor (50% Iberdrola/50% Endesa), ha presentado este lunes un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de Zapatero de cerrar la instalación a partir del 6 de julio de 2013.

El titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Nuclenor ha presentado este lunes en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra la Orden ministerial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 1785/2009 de 3 de julio, por la que renueva la licencia de operación de la instalación hasta julio de 2013, en lugar de los 10 años de operación que se habían solicitado.

Nuclenor (propiedad al 50 por ciento de Iberdrola y Endesa) considera que existen "sólidas razones que avalan la continuidad" en la operación de la central burgalesa hasta 2019 y en ese sentido, subraya el informe favorable que de su "seguridad y fiabilidad" realizada por el Consejo de Seguridad Nuclear así como de cinco equipos de inspección de organismos internacionales en los últimos 12 años.

Entre los motivos para operar más allá de 2013, insiste en que la central está "modernizada y actualizada" mediante fuertes inversiones anuales, "singularmente a lo largo de los últimos años" y que sus equipo humano está "bien entrenado y fuertemente comprometido" con la seguridad. Además, resalta la "actual práctica internacional" de continuidad de las centrales que operan en países como Estados Unidos, Suiza, Suecia, Holanda y Francia y la "importancia" de seguir operando la central en términos de ahorro de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de competitividad de los precios energéticos para las empresas.

Al margen de la resolución, Nuclenor reitera su compromiso de operar Santa María de Garoña de forma "fiable, segura y respetuosa con el medioambiente, tal y como lo ha hecho desde siempre su puesta en marcha".

Al conocerse la decisión del Ministerio de Industria, el pasado 2 de julio la empresa anunció que llevaría a cabo cuantas acciones legales pudiera para defender los derechos e intereses legítimos de todas las partes afectadas por una decisión que tildaron de "arbitraria y carente de justificación". Esta decisión, según el titular, se adoptó considerando que la planta cumplió en su totalidad, "puntual y satisfactoriamente" con las condiciones establecidas en el anterior permiso de funcionamiento (1999-2009).

Una decisión "meditada"


Nuclenor tenía plazo hasta el próximo 6 de octubre para presentar este recurso, que se une al anunciado la semana pasada por la Junta de Castilla y León por "grave perjuicio a la región y deficiencias formales".

La decisión del Gobierno fue anunciada el pasado 2 de julio por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, acompañado por su homólogo de Trabajo, Celestino Corbacho, reconociendo que fue "meditada pero no fácil de tomar". Entre los argumentos del Ejecutivo a decretar el cierre, Sebatián aseguró que la decisión es "políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asumible".

Asimismo, aseguró que en los cuatro años que restan hasta 2013 el Gobierno tendrá margen para ofrecer una "buena alternativa industrial" en el valle de Tobalina que garantice el empleo de los trabajadores y que "revitalice la región".

También insistió en que la orden ministerial "no contempla" un escenario reversible" si en el momento del cierre hubiera cambiado el signo de gobierno. No obstante, ese mismo día, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que si el llega a la Presidencia, revertiría el proceso de cierre y la central burgalesa funcionaría hasta 2019.

 

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