Este miércoles el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha logrado alcanzar un acuerdo para sacar adelante el nuevo PER nacional de Zapatero. Según el propio diputado, casi todos los grupos de la Cámara Baja votarán a favor de ampliar la ayuda de los 420 euros a los parados que hayan agotado sus prestaciones por desempleo desde el pasado 1 de enero de 2009.
Peses a que el propio ministro de trabajo Celestino Corbacho, señalase el pasado lunes en La Razón, que el Ejecutivo era, en principio, más favorable a mantener el decreto con los plazos fijados desde el principio (que la prestación tuviera carácter retroactivo desde el 1 de agosto), José Antonio Alonso ha señalado que "retrotraerlo es de estricta justicia".
Además, el amplio agujero presupuestario que está abriendo el Ejecutivo con la expansión de gasto que ha supuesto el fondo de rescate bancario, el rescate al sector del automóvil, el fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) o las inversiones del Plan E, no ha impedido que Alonso señale que el Gobierno puede "hacerlo desde el punto de vista financiero". Según el diputado socialista, su grupo parlamentario ha tenido el apoyo del presidente del Gobierno y del ministro de Trabajo en la negociación.
En la negociación, Izquierda Unida también ha arrancado el compromiso al PSOE de que su tramitación sea como proyecto de Ley y no como Real Decreto. Asimismo, se suprimirá la condición establecida de que esta medida sería suprimida cuando el paro bajase del 17%.
El coste de la ampliación
Tal y como publicó Libertad Digital, la universalización del nuevo PER nacional supondría un esfuerzo de más de 2.400 millones cada seis meses a las arcas del Estado. Una de las trampas que escondía la medida de los 420 euros era que el Ejecutivo había presupuestado 642 millones de euros para un número estimado de beneficiarios de 340.000 parados. Con un par de operaciones sencillas descubrimos que el coste ascendía realmente a 850 millones.
Si amplía el subsidio a todos los parados sin prestación con rentas inferiores al 75% del SMI, el número de beneficiarios ascendería a 940.000 personas. Cerca de 600.000 parados cuya prestación se agotó antes del 1 de agosto, y otros 340.000 a partir del 1 de agosto, según las propias estimaciones de Trabajo.
Teniendo en cuenta que en la negociación parlamentaria el PSOE ha pactado con Izquierda Unida que se suprima la condición de que la medida sea suprimida cuando el paro bajase del 17%, el coste de la universalización del PER podría dispararse aún más.
Pero esta vez, los cálculos del Gobierno también son distintos. Estima que, con la ampliación, se encarecerá en unos 700 millones adicionales (a los 640 millones que ya había presupuestado), hasta más de 1.300 millones (1.000 millones menos).
El Ministerio de Trabajo e Inmigración calcula que la ampliación elevará el número de beneficiarios potenciales "entre 250.000 y 300.000" personas, con lo que el número total de beneficiarios aumentará a más de 600.000 personas.
Salgado dice que se encarecerá "un poquito"
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, también ha cifrado en alrededor de 1.300 millones de euros el coste total de las ayudas a los parados sin prestación después del acuerdo para ampliarlas a las personas que se encuentran en esta situación desde enero de 2009.
Pero, a pesar de que según Corbacho, el Ejecutivo era partidario de mantener el punto de partida de la ayuda en el 1 de agosto, Salgado se declaró "contenta" del compromiso alcanzado por el PSOE con las formaciones de izquierda (ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai), al que se han sumando los nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria.
Resaltó que la prestación de 420 euros es una "excelente medida", que además es "nueva" y corresponde a la "preocupación" del Gobierno "por los desempleados y por los que están sufriendo más los efectos de esta crisis".
No obstante, la vicepresidenta admitió que con la ampliación de la ayuda "nuestro déficit se verá un poquito más tensionado". "Si estimábamos que poniéndola en marcha desde el 1 de agosto teníamos un coste de 640 millones, pues si esa cifra se retrotrae al 1 de enero el coste es un poquito más del doble", dijo en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Economía de la UE, según recoge Efe.
Explicó que se podrá disponer de "una estimación más exacta" sobre el coste de la medida "conforme vayan pasando los días y haya desempleados en esa situación que soliciten la prestación".
Salgado no aclaró si con esta nueva ayuda se superará el 10% de déficit público en 2009. La previsión del Gobierno es cerrar 2009 con un 9,5% de déficit . En todo caso, Salgado sí dejó claro que no se modificará el techo de gasto para los presupuestos de 2010 y que la nueva prestación se situará dentro de ese techo de gasto. "Para el año 2010, lo razonable es que, si esta es una prestación que ya ha sido aprobada, podamos incorporarla en los escenarios presupuestarios", afirmó.
Al ser preguntada por si el acuerdo sobre la nueva prestación facilitará un compromiso sobre los presupuestos generales para 2010, Salgado aseguró que el Gobierno trabajará para "conseguir el máximo consenso", pero reconoció que "nada está escrito". "En momentos de crisis económica es más necesario que nunca tratar de conseguir los máximos acuerdos para la política presupuestaria", señaló.