LD (M. Llamas) En un principio, el secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson, diseñó un plan hecho a su medida para salvar a las entidades en dificultades mediante la compra de activos "tóxicos", es decir, la deuda de mala calidad que acumulan las entidades estadounidenses. Para ello, Paulson contaría con 700.000 millones de dólares a cargo de los contribuyentes, a través de la emisión de deuda pública.
El borrador del polémico mega-rescate financiero otorgaba a Paulson poderes especiales en materia financiera durante dos años, hasta el punto de que el secretario podría gestionar como estimase conveniente toda la operación de limpieza bancaria.
La ley permitía al secretario "realizar y financiar los compromisos de compra, en los términos y condiciones que determine, relacionados con los activos hipotecarios de cualquier institución financiera que tenga su sede en EEUU”. Es decir, Paulson tenía potestad absoluta para fijar el precio de compra y el vencimiento de los activos, así como su posterior venta a terceros.
Además, su gestión no podría ser revisada por la Justicia ni la Administración. ES decir, contaría con inmunidad judicial para gestionar a su antojo los citados 700.000 millones de dólares, que equivalen al 5% del PIB de EEUU.
De este modo, Paulson se convertía en el máximo responsable de la mayor intervención gubernamental en el mercado financiero de EEUU desde el crack del 29. De hecho, el mismo día en que el Gobierno anunció la medida, no faltaron voces críticas entre los miembros del Congreso estadounidense: "El libre mercado ha muerto en EEUU".
Sin embargo, el citado plan no pasó el obligatorio filtro del Congreso y tuvo que ser revisado y negociado con la oposición, tanto demócrata como republicana, para que finalmente obtuviera luz verde, tras pasar una primera votación en el Senado y una segunda ronda en la Cámara de Representantes.
La cuestión es que el Gobierno español ha imitado las claves de este primer borrador elaborado por el Tesoro de EEUU.
El plan Solbes copia a Paulson
La administración, gestión y dirección del fondo corresponderá al Tesoro a través de un Consejo Rector y de su Comisión Ejecutiva. El Consejo Rector, que presidirá Solbes, se encargará de establecer las directrices de inversión, hacer el seguimiento y evaluación de su actividad, así como de decidir sobre la aplicación de los rendimientos de los activos y el producto de sus vencimientos o ventas.
Además, en cuanto al método de compra, Solbes ha explicado que el más habitual será la subasta. Sin embargo, contempla otros procedimientos, cuyos "detalles técnicos" aún se desconocen, con la excusa de que algunos de los activos que piensa comprar “son productos muy heterogéneos”. Esto quiere decir que Solbes contará con un amplio margen para determinar la gestión de toda la operación financiera.
El fondo será financiado a cargo del Tesoro del Estado, mediante la emisión de deuda pública. Y ello, hasta un máximo de 50.000 millones de euros. Es decir, el 5% del PIB español. La misma cuantía que la aprobada en EEUU (700.000 millones de dólares equivalen al 5% del PIB estadounidense).
El plan consistirá en adquirir activos hipotecarios a las entidades españolas, aunque el Gobierno ha insistido en que serán de "alta calidad", no "tóxicos". Y es que, si bien en principio la medida consistía en otorgar créditos a la banca a cambio de colateral, el plan no contempla cláusula alguna de recompra, con lo que las entidades que participen no estarán obligadas a adquirir nuevamente al Estado dichos activos.
Por otra parte, el Gobierno no ha especificado si el citado decreto establece algún tipo de control judicial para depurar responsabilidades políticas. La única limitación consiste en la obligación de remitir a una comisión parlamentaria un informe para que el Congreso revise su actuación cada cuatro meses.
El rescate no ha sido aprobado por el Congreso
A diferencia del mega-rescate diseñado en principio por Paulson, el citado fondo español no obtenido la luz verde del Congreso ni del Senado. Simplemente ha sido aprobado en Consejo de Ministros mediante un decreto ley. Es más, el Gobierno ni siquiera ha acordado el plan con la oposición a diferencia del duro e intenso proceso que tuvo lugar entre los representantes políticos de EEUU.
Además, si bien el plan inicial de Paulson (rechazado en el Congreso) otorgaba al rescate una vigencia máxima de 2 años, el fondo español tendrá una duración ilimitada. En principio, hasta que se agote el dinero público.
Dudas sobre el plan Solbes
Por último, al igual que ocurrió entonces con el rescate presentado por Paulson, el decreto del Gobierno también arroja ciertas dudas y riesgos implícitos.
En primer lugar, el hecho de que Solbes haya insistido en que el Gobierno tan sólo comprará activos de "máxima calidad" arroja un mensaje contradictorio, puesto que de forma implícita se reconoce que el sistema financiero español alberga activos crediticios dudosos. No obstante, la aprobación del decreto ha sido recibido por los inversores con la mayor caída bursátil de la bolsa española de toda su historia.
El Gobierno no ha ofrecido información acerca de la valoración de esos activos ni a qué se va destinar en la práctica dicho dinero público. Y es que, si la deuda del Tesoro se destina a un negocio insolvente, como lo es hoy el inmobiliario, la "inversión" que, según el Gobierno, servirá para facilitar créditos a familias y empresas, podría arrojar pérdidas a los contribuyentes.
Por último, el creciente endeudamiento del Estado, en un escenario de recesión económica, elevará el coste de la deuda, ya que el Tesoro tendrá que ofrecer una mayor rentabilidad para atraer a los inversores. España ya tiene plan.