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Corredor concretó que a 31 de agosto de este año se habían presentado 167.000 solicitudes, de las que las comunidades autónomas resolvieron ya 105.000, y de ellas 83.000 fueron calificadas como positivas.
En los ocho primeros meses del año, los jóvenes de Andalucía presentaron 20.603 solicitudes que derivaron en 4.270 pagos; en Aragón se registraron 4.795 peticiones que se resolvieron en 1.956 pagos, en Asturias hubo 4.682 solicitudes y 2.188 pagos, y en Canarias 8.073 peticiones y 1.027 pagos.
En la comunidad de Cantabria se presentaron 1.107 solicitudes que derivaron en 408 pagos; en Castilla y León 12.511 peticiones que dieron lugar a 3.793, en Castilla-La Mancha hubo 8.060 solicitudes y 3.941 pagos, y en Cataluña 26.702 peticiones y 3.888 pagos.
En la ciudad autónoma de Ceuta, 151 jóvenes presentaron la solicitud para la ayuda y se efectuaron 65 pagos, en Extremadura hubo 3.241 solicitudes y 1.137 pagos; en Baleares, 3.477 solicitudes y 1.228 pagos, y en Galicia 15.970 peticiones y 2.812 pagos.
La Rioja recibió 813 solicitudes para recibir la ayuda que derivaron en 84 pagos, en Madrid fueron 37.740 peticiones y 2.441 pagos, mientras que en la ciudad de Melilla se contabilizaron 331 solicitudes y 133 pagos.
La comunidad autónoma de Murcia recibió 1.954 solicitudes y 626 pagos; Navarra contabilizó 2.654 peticiones y 1.428 pagos; País Vasco, 1.020 solicitudes y 3.042 pagos, y la Comunidad Valenciana tuvo 9.579 peticiones y 3.275 pagos.
La ministra de Vivienda explicó este jueves que estas cifras son "manifiestamente mejorables" y expresó su confianza en que las comunidades autónomas puedan resolver el índice de solicitudes recibidas "en los próximos meses".
Asimismo, insistió en que el Gobierno está realizando "puntualmente" la totalidad del pago de la renta básica de emancipación, ante las acusaciones lanzadas por varios de los senadores, y aseguró que son algunas comunidades autónomas las que no resuelven las solicitudes.
En este sentido, Corredor indicó que mientras comunidades como Castilla-La Mancha han tramitado el 99 por ciento de las solicitudes, hay otras que no, "como Madrid, que apenas ha resuelto el 38 por ciento", a pesar de ser la que más peticiones ha recibido, más de 37.000.
En los últimos meses algunos colectivos de jóvenes han denunciado el retraso en el pago de las ayudas, debido a la demora en la tramitación de las solicitudes por parte de algunas comunidades autónomas, así como al control del fraude que desde el verano lleva a cabo el Gobierno sobre los beneficiarios de esta iniciativa.
Para paliar esta situación, el Congreso de los Diputados aprobó el miércoles una proposición no de ley que insta al Gobierno a efectuar el pago de la renta básica de emancipación con un plazo máximo de dos meses desde la aprobación de la solicitud por parte de las Comunidades Autónomas.
La iniciativa, presentada por CiU en la Comisión de Vivienda de la Cámara y que incluía una enmienda de transacción del PSOE, insta también a las comunidades autónomas a agilizar los trámites para el reconocimiento de la ayuda de 210 euros mensuales.
Durante su intervención de ayer, el presidente de la Comisión Pere Macias denunció que el Real Decreto que regula la renta básica de emancipación no recoja "ningún plazo" para que el Ministerio de Vivienda proceda a pagar la ayuda, a pesar de que dicta un máximo de 2 meses a las Comunidades Autónomas para resolver las solicitudes.
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