La reforma laboral del Gobierno se está tramitando en el Senado. El próximo 25 de agosto está prevista su aprobación y su vuelta al Congreso para hacerla definitiva.
Una de las medidas más destacadas de esta reforma está relacionada con los cursos de formación que ofrece el INEM. Ahora los parados que reciben algún tipo de prestación que no acudan a los cursos desde el primer día podrán ser sancionados.
Hasta el momento, en teoría, los desempleados debían acudir a cursos de formación laborales o a itinerarios de inserción laboral también desde el primer día, pero tenían la opción de rechazarlos durante los cien primeros días. Sin embargo, el PSOE ha introducido una enmienda en el proyecto para obligar a los parados a aceptar cualquier tipo de curso desde el primer día bajo la amenaza de sanción, que puede ir desde la pérdida de un mes de prestación hasta la pérdida definitiva, según informa este lunes El País.
Si dicha enmienda es, finalmente, aprobada los resultados serán positivos para el Ministerio de Trabajo cuando llegue el momento de publicar las cifras del paro. En 2008 el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, decidió que a las personas que estaban apuntadas a los cursos de formación ya no se las consideraría desempleadas sino que se las catalogaría como demandantes de empleo no ocupados -DENOS-, no figurando así en las estadísticas oficiales de paro. De este modo, esta obligación de asistencia a cualquier curso que ofrezca Trabajo supondrá, en cualquier caso, una mejora en los datos del desempleo.
Lo que también queda en entredicho es la utilidad de estos cursillos: el INEM sigue sin conseguir colocar a los demandantes de empleo en el mercado laboral. El año pasado el Gobierno sólo colocaba al 2% en el mercado. La gran mayoría de parados lograron empleo gracias a la mediación privada.
Otra de las enmiendas que se han presentado en la Cámara Alta va destinada a las empleadas de hogar. El Gobierno considera que los salarios que reciben son muy bajos y que incluso un 30% lo obtiene en especie. Por ello, establece que deberán cobrar al menos el salario mínimo interprofesional, fijado en 633 euros mensuales en 2010, independientemente de que reciban alojamiento o comida.