LD (EFE) La nueva orden del Ministerio se ha fijado como objetivo luchar contra el blanqueo de dinero, y presenta dos novedades respecto de la situación anterior: Por un lado obligará a los remitentes a identificarse, sea cual sea la cantidad de dinero que se mande. Por otro, obligará al remitente a justificar el origen de los fondos si la cantidad enviada excede de los 3.000 euros al trimestre. Según un portavoz de ANAED, la aplicación de esta orden incrementará los costes que se aplican a cada transferencia en un 50 por ciento, dado que las nuevas obligaciones que impone esta norma obligarán a incrementar las plantillas y los sistemas informáticos y de control.
Por ejemplo, añadieron, las remesadoras deberán guardar durante años las copias de todos los documentos de identidad que les aporten las personas que envíen dinero al extranjero. Ademas, según ANAED, las cantidades enviadas por los inmigrantes se reducirán, ya que "aquellos que no puedan identificarse adecuadamente procurarán enviar el dinero por canales informales".
Por ejemplo, añadieron, las remesadoras deberán guardar durante años las copias de todos los documentos de identidad que les aporten las personas que envíen dinero al extranjero. Ademas, según ANAED, las cantidades enviadas por los inmigrantes se reducirán, ya que "aquellos que no puedan identificarse adecuadamente procurarán enviar el dinero por canales informales".
Fuentes del ministerio de Economía y Hacienda, por su parte, minimizan los efectos negativos de la norma, dado que la mayoría de los inmigrantes no superan los 300 euros al mes, y aseguran que en ningún caso se ha pretendido debilitar la posición de los trabajadores más humildes. Los inmigrantes, según las remesadoras, hacen uno o dos envíos al mes, de entre 100 y 150 euros cada uno, cuyo coste para la empresa de envío de fondos oscila entre un 3 y un 7 por ciento de la cantidad transferida. Habitualmente las remesadoras suelen aplicar a sus clientes una comisión fija de aproximadamente seis euros, una tarifa que estas empresas consideran competitiva y muy ajustada.
6.000 millones de euros
Según los últimos datos disponibles del Banco de España, las remesas de inmigrantes desde España hacia el extranjero superaron los 5.000 millones de euros en los diez primeros meses de 2006 y previsiblemente el año concluirá con un total superior a los 6.000 millones de euros. Colombia y Ecuador son los principales destinos de las remesas de emigrantes desde España, seguidos de Rumanía, Bolivia, Marruecos, República Dominicana, Brasil, Senegal y Filipinas. Las agencias de envío de dinero gestionan entre el 70 y el 80 por ciento del dinero enviado por inmigrantes desde España, un negocio en el que desde hace meses han puesto sus ojos bancos y cajas de ahorros, que cuentan con diversas iniciativas y productos para incrementar su cuota de mercado.
Según el fundador de la organización "remesas.org", Iñigo Moré, "la norma (del Ministerio de Economía) es razonable porque hay que proteger la integridad jurídica española", aunque a su juicio cualquier iniciativa no debería hacerse "a costa de inmigrantes tan modestos". Desde esta organización –iniciativa social y sin ánimo de lucro de un grupo de economistas y analistas– se defiende el "equilibrio legislativo", que ponga los medios para luchar contra el blanqueo y al mismo tiempo "preserve los intereses de la gente que no blanquea".
En el III Encuentro Iberoamericano sobre remesas, celebrado hace unos días en Madrid y patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA), se hizo hincapié en la mayor severidad de la norma española frente a la europea. Durante el encuentro, "remesas.org" puso como ejemplo de este mayor rigor el hecho de que "el reglamento europeo de noviembre de 2006 obliga a las agencias a conservar los recibos cinco años, en vez de los seis que exige la orden española".