Tal y como reza la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada en 2007, "la política rural española se ha venido apoyando, desde su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea, fundamentalmente en la política agraria comunitaria (PAC) y en sus objetivos, programas e instrumentos financieros".
Sin embargo, los miles de millones de euros que reciben cada año de Bruselas los agricultores y ganaderos españoles parecen no ser suficientes: "[...] el medio rural español sigue mostrando un diferencial de desarrollo con respecto al medio urbano [...] las carencias de este modelo esencialmente agrarista y la necesidad de realizar un cambio en el enfoque de las políticas públicas [...] debía pasar de un enfoque agrarista y sectorial, a un enfoque fundamentalmente territorial e integral".
¿Qué se esconde bajo tal terminología? Una nueva lluvia de millones procedentes de las arcas públicas (el bolsillo de los contribuyentes) para, en este caso, regar el campo. El Ejecutivo, en base a dicha ley, aprobó un Real Decreto el pasado junio por el que se aprueba el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el período 2010-2014.
Un plan quinquenal cuyo coste asciende a 1.810 millones de euros, y que será financiado a partes iguales por el Gobierno y las Comunidades Autónomas. En concreto, cada administración aportará 181 millones de euros al año, es decir, 905 millones de euros de aquí a 2014.
Bajo la etiqueta de "desarrollo sostenible", el plan financiará un total de 102 actuaciones (53 de competencia autonómica y 49 estatal) que, según la ley, servirán para "mejorar las condiciones de vida de sus habitantes a través del desarrollo y mejora de las estructuras y capacidades productivas, los servicios, la infraestructuras y los valores ambientales".
En este sentido, el Programa recoge múltiples proyectos, tanto en materia de obra pública como de formación, fomento del turismo, subvenciones al sector agrícola y ganadero, etc. Así, por ejemplo, el Gobierno destinará dinero para la construcción de oficinas de turismo, miradores, pistas rurales, rutas gastronómicas y vinícolas, campamentos y "clubes naturales". Además, el plan concede una nueva lluvia de subvenciones públicas más a los agricultores y ganaderos, así como al sector turístico rural, en especial, para fomentar el "ecoturismo" y "agroturismo", entre otras muchas iniciativas de inversión pública.
El Gobierno resalta el "extraordinario esfuerzo" realizado "por mantener el presupuesto necesario para que el Programa inicie su andadura, se aplique y se mantenga en las zonas rurales. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el Ejecutivo se comprometió con Bruselas a reducir en 15.000 millones de euros el déficit público hasta 2011. Un recorte que, curiosamente, equivale a la cuantía del Plan E Rural y para ayuntamientos que, en total, asciende a 14.810 millones de euros. Y ello, en un momento en el que el Gobierno solicita nuevos "esfuerzos" fiscales (subida de impuestos) a los españoles para cuadrar las cuentas.