LD (M. Llamas) El reciente fichaje de Eduardo Zaplana (ex portavoz del PP en el Congreso) por Telefónica ha levantado ciertas críticas y sospechas entre los partidos políticos acerca de las redes existentes entre el ámbito de la función pública y empresarial. Sin embargo, Zaplana en ningún caso ostentaba en la actualidad un cargo de responsabilidad pública, en cuanto que no formaba parte del Gobierno.
El caso de David Taguas es diferente. En diciembre de 2006, Taguas sustituyó a Miguel Sebastián al frente de la polémica Oficina Económica de Moncloa. Una especie de lobby gubernamental, cuyas funciones no están del todo claras, ya que el citado organismo ha sido acusado de “interferencias” en el ámbito empresarial, a raíz del estallido de diversos escándalos económicos: véase, por ejemplo, las gestiones que se realizaron desde dicha oficina contra el BBVA o en la OPA sobre Endesa.
En teoría, fue concebida como un organismo asesor del presidente del Gobierno en materia económica. A tal fin, la Oficina debía conocer e informar a José Luis Rodríguez Zapatero sobre “los programas, planes y actividades de los departamentos ministeriales, con el objetivo de apoyar la labor del presidente del Gobierno, facilitando su interlocución con agentes sociales, sector privado y organismos económicos internacionales, para el desarrollo satisfactorio de sus funciones”, tal y como recoge su página web.
Sin embargo, en la práctica, la Oficina Económica de Moncloa ha estado inmersa, de una u otra forma, en algunas de las operaciones empresariales más importantes de los últimos años. En este sentido, el último capítulo de esta entidad ha estado relacionado con la intermediación que ha ejercido entre el Gobierno y el sector inmobiliario en su conjunto a raíz de la crisis que, desde hace meses, padece el mercado de la vivienda en España.
Así, en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos meses, Taguas ha sido un receptor directo de las demandas e intereses del sector inmobiliario y de la construcción. El resultado de las peticiones lanzadas al Gobierno ha sido, hasta el momento, un rescate público multimillonario: avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial, ventajas fiscales, fomento de vivienda protegida (VPO), aumento de las inversión en infraestructuras... Y eso que, hasta mediados de 2007, la temida especulación urbanística fue el gran caballo de batalla del Gobierno socialista.
La intermediación de Taguas en la crisis
El fichaje de Taguas por Seopan constituye, pues, un evento de gran calado en un momento de profunda crisis en un sector altamente endeudado. Sobre todo, si se tiene en cuenta el importante cargo de influencia que hasta ahora ejercía Taguas en el Gobierno. Su nueva función como presidente de Seopan no es cuestión baladí, pues, se trata de uno de los consorcios empresariales más grandes del país. No obstante, el peso del sector de la construcción casi alcanza el 18 por ciento del PIB nacional.
La Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros y altos cargos del Gobierno establece ciertas limitaciones a la hora de producirse el traslado de la función pública a la privada. Así, la Ley tiene por objetivo establecer un “control adicional” en el desempeño de actividades privadas de los altos cargos, cuando éstos cesan en los mismos”.
Los límites que establece la Ley
En concreto, el texto reza que “durante los dos años siguientes a la fecha de su
cese los altos cargos (incluidos los secretarios de Estado), no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”.
“A estos efectos se considera que existe relación directa cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho”:
a) “Que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades”.
En este sentido, la principal función de Taguas consistía en “asesorar al Presidente del Gobierno (su superior) en los asuntos y materias de índole económica”. Es decir, aconsejar al mayor cargo de responsabilidad política del país que, a su vez, goza de plena capacidad para influir y tomar decisiones en el resto de los órganos ministeriales (incluido Fomento o Vivienda).
b) “Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades”.
Cuestión aparte sería conocer hasta qué punto la interlocución que ejerció Taguas entre el sector del ladrillo y el Gobierno puede ser considerada como “intervención en sesiones de órganos colegiados”. En esencia, la función de Taguas a partir de hoy consistirá en defender los intereses económicos y empresariales del sector de la construcción.
Y en este sentido, una parte importante de la actividad y facturación de este sector depende directamente de la licitación de obras públicas. Más aún ahora que el mercado crediticio internacional está seco, y en donde el aumento de la inversión pública es considerada clave por el propio sector.