LD (Agencias) Dentro de unos minutos, Zapatero tratará de responder, por un lado, a las críticas de pasividad e inacción que recibe desde todos los partidos de la oposición, y por otro, intentará calmar los ánimos de familias y empresas, que dicen que la economía y el paro son sus principales preocupaciones.
Con esta nueva iniciativa, que se une a las ya aprobadas por el Ejecutivo en materia económica, Zapatero pretende hacer frente al menor crecimiento económico de la economía española, que ha pasado del 3,8 por ciento en 2007 a crecer en el entorno del 2 por ciento en el segundo trimestre del año, y a su menor capacidad para crear empleo, lo que ha llevado a la tasa de paro a rozar el 10 por ciento de la población activa.
Sin embargo, el Ejecutivo insiste en negar que España esté atravesando una crisis económica, y prevé un crecimiento del 2,3 por ciento para este año, porcentaje que otras instituciones han rebajado por debajo del 2 por ciento, como el Fondo Monetario Internacional, (1,8 por ciento) o la Fundación de las Cajas de Ahorros, (1,6 por ciento).
Zapatero, sigue siendo más optimista que los demás
Aunque el presidente del Gobierno se ha manifestado más optimista que la mayoría de los analistas, porque confía en la "buena" salud de las cuentas públicas y en el "sólido" sistema de la Seguridad Social, ha admitido que la situación económica atraviesa momentos de dificultad "importante".
Éste es el segundo año en el que el presidente del Gobierno presentará un informe económico. En 2007 lo hizo en la Bolsa de Madrid y este año el escenario será el Consejo Económico y Social (CES), donde están representados sindicatos, empresarios y otros agentes económicos.
Este nuevo conjunto de medidas que anunciará Zapatero y que afectarán a varios ministerios, se suma al paquete económico que aprobó hacia varios meses el Gobierno y que incluye, entre otras actuaciones, la deducción de 400 euros en el IRPF para trabajadores, asalariados y pensionistas, que comenzará a percibirse en la nómina de este mismo mes.
También ha entrado en vigor la mejora en el tratamiento tributario de las rehabilitaciones de edificios, al poder recuperar el IVA soportado, y se ha suprimido el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la ampliación de plazos hipotecarios, así como los gastos de gestoría y notaria, medida que ha beneficiado a 350 familias.
Por otro lado, el Ejecutivo ha ampliado en 2.000 millones de euros el aval que el Estado concede para la titulización de créditos a las pymes, pasando de 1.000 millones a un total de 3.000 millones. Con esta medida se pretende reforzar el apoyo financiero de los bancos a la pequeña y mediana empresa y reducir los costes a los que éstas se enfrentan.