Hay documentos y documentos. Algunos se perfilan como documentos decisivos para el destino de un caso o asunto. Es lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas, institución que se ha jugado su credibilidad ocultando un documento que, ya se ha sabido, señala la responsabilidad de José Antonio Griñán al subrayar que la Intervención de la Junta explicó alto, claro, y muchas veces, nada menos que 15, que el procedimiento de los "fondos de reptiles" era irregular. Hubiera bastado una decisión política para terminar con aquel nido de corrupción, pero Griñán no lo hizo amparándose en que el ex interventor Manuel Gómez no había elaborado el "informe de actuación", único informe, según el presidente de la Junta, que podría haber obligado a modificar el procedimiento. Pero el juez sustituto de Mercedes Alaya en el juzgado de instrucción 16 de Sevilla ha pedido oficialmente a la Cámara de Cuentas de Andalucía que le entregue el documento.
De este modo ya lo ha pedido casi todo el mundo. Lo han pedido la Fiscalía Anticorrupción, la comisión de investigación de los ERE, el Partido Popular y ahora también, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Lo que piden es el informe íntegro de fiscalización de la Cámara sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Hasta ahora, la Cámara de Cuentas, cuya máxima autoridad recae en el prosocialista Antonio López, se ha negado acrecentando las sospechas sobre el comportamiento del hoy presidente andaluz cuando era consejero de Economía y Hacienda (2004-2009).
En el expediente consta el dictamen jurídico de 25 páginas, fechado el 5 de julio de 2012 que lleva la firma de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas, Margarita Regli. Lo que dice el dictamen es muy relevante porque afirma que el informe de actuación que José Antonio Griñán esperaba para poder actuar contra el procedimiento que dio origen al caso "fondo de reptiles" de los ERE, no podía emitirse y que, por tanto, el hoy presidente de la Junta tenía la información necesaria para actuar, cosa que no hizo mientras fue Consejero de Economía y Hacienda.
Este dictamen está en el expediente que sobre el tema tiene la Cámara de Cuentas, pero no ha sido entregado a los miembros de la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz que estudia el caso. La decisión de la mayoría de la Cámara de Cuentas, en manos de PSOE e IU, ignora que la propia Comisión requirió el informe el pasado día 20 de septiembre. El diputado de IU por Cádiz, Ignacio García, presidente además de la Comisión le ha vuelto a pedir tanto este dictamen como otros tres documentos que no han sido entregados porque los grupos políticos deben entregar las conclusiones antes del viernes.
Ahora, informa La Razón, el juez sustituto de Mercedes Alaya, Iván Escalera, reclama, en un auto fechado el 31 de octubre el "expediente administrativo completo – el subrayado y la negrita de estas tres palabras está en el texto judicial– de fiscalización", apelando a la "norma 37 de Manual de Procedimiento de dicha Cámara". El ente fiscalizador remitió a la comisión de los ERE el expediente del informe, en el que se incluyen directrices técnicas, el informe provisional, alegaciones y votos particulares. Pero no toda la información sensible.
El juzgado pide además "el Acta del Pleno de la Cámara relativo a la aprobación del Plan Anual de Actuaciones donde se encuadre la fiscalización", los programas de trabajo de los miembros del equipo de auditoría y "las modificaciones que dichos programas hayan sufrido", escritos dirigidos a las entidades a fiscalizar, el primer borrador del informe, memorando de prealegaciones, borrador del informe elaborado por el responsable técnico, acta de la comisión técnica donde se recojan las sugerencias de este órgano hacia el borrador, el escrito de valoración técnica ("coincidente o discrepante respecto a lo dictaminado por la Comisión Técnica"), fichas de tratamiento de las alegaciones o los "dictámenes emitidos por el Gabinete Jurídico sobre cuestiones jurídicas planteadas en el proceso fiscalizador".
Este es el documento decisivo porque avala la tesis expresada por el interventor general entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, de que el expresidente andaluz recibió avisos de la Intervención lo suficientemente importantes como para que hubiera tomado cartas en el asunto, sin necesidad de que hubiera mediado un informe de actuación.
Rcuérdese que la Junta recibió 15 toques de atención del Interventor sobre el procedimiento del fondo de reptiles y que Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, recibió reiterados avisos de la Intervención General sobre las graves disfunciones que estaba produciendo el método empleado –la transferencia de financiación– para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis.
La Intervención llegó incluso a elaborar un informe especial sobre el año 2003 donde subrayaba que la Junta estaba "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido" y que existía ya un desfase presupuestario de 38 millones de euros.
Griñán ha sostenido en todo este tiempo que su entonces "número dos" en la Consejería, la actual consejera de Hacienda, no le dio traslado de la información al no ser lo suficientemente relevante ni ser un informe de actuación.
El Anteproyecto del informe de fiscalización filtrado a ABC en mayo también señalaba la responsabilidad del presidente andaluz, pero el párrafo correspondiente fue borrado en el texto final. Dicho párrafo señalaba que las modificaciones presupuestarias habían sido autorizadas por el Consejo de Gobierno y el "titular de la Consejería de Hacienda" a lo largo del periodo 2001 a 2010 "sin ajustarse a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta por no adecuarse a la naturaleza del gasto que se aprecia".